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JESSICA M. PUGA
GIJÓN.
Lunes, 19 de diciembre 2022, 00:41
El Principado declara la guerra a la prostitución, El Gobierno regional presentó ayer su estrategia contra la trata y explotación sexual que incluye 48 medidas para sancionar a los clientes, perseguir a las redes de trata y proxenetas, ofrecer asistencia a las víctimas y ... concienciar a la sociedad acerca de este tipo de violencia sexual, empezando por los jóvenes. La directora general de Igualdad, Nuria Varela, presentó el documento en el marco de las jornadas abolicionistas de la prostitución del Principado.
Ofrece un enfoque centrado en las víctimas, contemplando también a menores y a quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad, como son personas con discapacidad física o psíquica, con problemas de salud o adicciones. Así, uno de los ejes principales del plan es brindarles asistencia, protección y reparación, para lo que se plantea reforzar los mecanismos de detección de situaciones de trata y explotación sexual con la participación de entidades y recursos especializados. También diseñar un modelo de intervención público de carácter integral y multidisciplinar que garantice la atención. Esta incluirá acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y servicio de interpretación y traducción especializados para asistir a las víctimas de explotación sexual desde el primer momento.
Sensibilización. Diseñar y elaborar campañas destinadas a jóvenes.
Publicidad. Impulsar un estudio para analizar la concerniente a la prostitución.
Campañas. Destinadas a la ciudadanía concebidas en colaboración con los municipios.
Turismo y ocio nocturno. Parte de las campañas irán especialmente enfocadas a estos sectores.
Formación. De profesionales de diferentes ámbitos en contacto directo con víctimas.
Menores. Formación específica de profesionales para la detección entre niñas y jóvenes.
Traducción. Crear servicios y disponer de recursos de interpretación especializados.
Actuación. Establecer procedimientos de coordinación y derivación en distintos ámbitos en caso de sospecha.
Coordinación. Crear un servicio de coordinación y atención integral a las víctimas.
Residencias. Ampliar y mantener plazas para víctimas.
Recursos habitacionales. Impulsar y crear proyectos para facilitárselos.
Plan. Implementar programas de asistencia y acompañamiento en todo el proceso.
Asesoramiento jurídico . Implementar el servicio especializado.
Asistencia jurídica coordinada. Con las entidades, que incluya el acompañamiento.
Gratuidad del servicio. Facilitar el acceso a abogados y abogadas especializados.
Inserción sociolaboral. Crear proyectos para una atención individualizada que puedan ser objeto de convalidación.
Emprendimiento. Con proyectos de transición digital y economía verde, entre otros.
Prestaciones económicas. Facilitar su acceso a víctimas.
Conciliación familiar. Facilitar la inserción socieducativa de los menores.
Retornados. Establecer procedimientos para víctimas que quieran regresar a su país.
Traslados. Elaborar un protocolo de traslado de víctimas.
Detección. Mejorarla en centros de menores y escolares.
Inserción socieducativa. De víctimas menores, con planes formativos individualizados y su mantenimiento en el tiempo.
Retorno y reagrupación familiar. Establecer procedimientos para gestionarlos en condiciones de seguridad.
Insercción. Coordinación con servicios especializados para desarrollar planes individualizados.
Evaluación. Establecer los criterios adecuados.
Indicadores. Establecerlos para identificar casos.
Organizaciones y entidades. Definir su participación en cuestiones asistenciales.
Acreditación administrativa. Potenciar su aplicación.
Coordinación. Establecer los mecanismos entre organizaciones y la derivación de las víctimas a recursos especializados.
Licencias de locales. Revisarlas en relación a las actividades desarrolladas.
Espacios privados. Instar al Gobierno central a desarrollar el acceso en pisos.
Webs. Implementar mecanismos para la participación de la sociedad para denunciar plataformas y publicidad.
Desincentivar la demanda. Desarrollar campañas destinadas a los demandantes y concienciar.
Marco legislativo. Promover la adopción de mecanismos que desincentiven la demanda.
Foro autonómico. Donde convocar a administraciones, instituciones, entidades públicas y privadas.
Funcionamiento del foro. Institucionalizarlo administrativamente y desarrollar sus funciones.
Protocolo de coordinación y derivación interdisciplinar. Actualizarlo.
Mesa técnica. Como responsable de hacer el seguimiento de esta estrategia.
Estudio diagnóstico. Obtener el mapa, datos, necesidades y recursos públicos.
Estudio específico. Sobre el uso de la pornografía y los efectos.
Cambios normativos. Elaborar recomendaciones y propuestas.
Aunar criterios. Para la valoración y el diseño de planes de intervención.
Modelo de entrevistas. Para la identificación de las víctimas.
Intercambio y difusión. De buenas prácticas.
Recogida de información. Modelos para elaborar estadísticas rigurosas.
Bases de datos común. Crearlas.
Informe estadístico. Con carácter anual que recoja datos de intervención.
También se establece la necesidad de ampliar y mantener plazas en recursos residenciales y una atención continuada en el tiempo. Plantea para ello, entre otras medidas, dotar de las herramientas necesarias a las víctimas para lograr su acceso a itinerarios de salida de la prostitución, ayudas sociales y la formación para la reinserción laboral, entre otras.
Otro de los seis ejes propuestos en el plan se centra en perseguir a los tratantes y proxenetas y sancionar a los clientes. Para ello, plantea revisar las licencias administrativas en relación a las actividades desarrolladas en determinados locales e insta al Gobierno central a permitir el acceso a espacios privados donde haya víctimas. Y prevé sancionar a quienes «compren» prostitución amparándose en el marco de la legislación vigente, así como desarrollar campañas de concienciación e implementar mecanismos para que la sociedad pueda denunciar anunciantes y páginas web.
La sensibilización de la sociedad ocupa un lugar destacado. Además de las campañas dirigidas a los sectores más directamente afectados, también se diseñarán otras orientadas a la juventud entendiendo la trata y la prostitución como formas de violencia machista, física, psicológica y simbólica.
El desarrollo de la estrategia requerirá de la elaboración de un estudio diagnóstico de la prostitución, trata y explotación sexual en Asturias para conocer el mapa de estas prácticas. También se recopilarán los datos relativos a las víctimas. El año pasado, las entidades Apramp, Amaranta y Médicos del Mundo atendieron en Asturias a 1.094 mujeres prostituidas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad identificaron a 12 víctimas de trata y siete de explotación sexual en 2021, si bien las entidades suben la cifra a 52 víctimas.
El siguiente paso será la creación de una mesa técnica donde se redactará el documento definitivo, el cual pasará a fase de consulta.
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