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El Principado prepara un cambio de reglas que afectará a los aparcamientos, chiringuitos, cursos de surf y demás servicios de temporada que ocupan las playas y sus inmediaciones durante el verano. Hasta ahora las condiciones para disponer de un permiso para explotar este tipo ... de negocios en lo que está catalogado como suelo no urbanizable de costas lo marcaba un decreto de 2013 que la Consejería de Ordenación de Territorio, que gestiona IU-Convocatoria por Asturias, pretende actualizar con un borrador que acaba de someter a consulta pública. Se trata, insiste, de una propuesta inicial que quiere trabajar con los ayuntamientos costeros, para lo que se está pendiente de una reunión en la Federación asturiana de concejos (Facc).
«La presión turística sube cada año, tenemos cada verano más solicitudes y necesitamos reglas más claras», justifica Laura López, la directora general de Urbanismo. En la memoria a información pública se reconoce que el incremento de peticiones «ha llevado a la imposibilidad material de resolver las mismas y de obtener la correspondiente autorización con carácter previo al inicio de la temporada estival».
Más temporada
Ahora: los chiringuitos de comida y bebida, instalaciones para dar clases de surf y hacer actividades deportivas y aparcamientos sólo pueden estar en la zona regulada por el Principado entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre.
La propuesta: iría desde el primer fin de semana de Semana Santa al 14 de octubre.
Desmontaje
Ahora: la norma permite excepciones para no retirar la instalación y dejarla cerrada.
La propuesta: se suprimirían esas excepciones.
Estética
Ahora: se permite el uso de carpas y la norma no especifica qué tipo de mesas y sillas pueden utilizarse.
La propuesta: se usarán preferentemente madera tratada o plásticos, lona y bambú dentro de una gama cromática.
El nuevo enfoque que propone el Principado pasa por cambiar los plazos y criterios de concesión de permisos, ampliar la temporada para así dar más margen de negocio pero a cambio imponer como contrapartida nuevos límites, estéticos y de sostenibilidad. Por partes.
El actual decreto sólo permite instalar estos servicios entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, esto es, un plazo de cuatro meses y medio. El nuevo borrador propone una fórmula con la que siempre se podría iniciar la actividad el primer fin de Semana Santa y mantenerla hasta el 14 de octubre. De haber aplicado este sistema en el vigente 2024, supondría pasar de una temporada de 138 días a otra de 203, un 47% más de jornadas.
«El calentamiento global está propiciando que cada vez tengamos más días de buen tiempo y oportunidades de aprovechar el sol a lo largo del año», explica la directora general de Urbanismo.
A cambio de esa mayor posibilidad de negocio el borrador exigirá que toda instalación sea desmontable. «Ahora el texto permite situaciones de excepción y había servicios con vocación de permanencia que, aunque quedaran sin actividad, dificultan que determinadas aves se posen donde tienen que hacerlo», argumenta López.
El borrador entra en materiales y estética. Se pide que mesas y sillas sean «preferentemente de madera tratada en su color natural» aunque se admiten materiales plásticos, lonas, bambú y mimbre dentro de unas tonalidades que se fijan. Las mamparas o deflectores de viento no podrán tener más publicidad que la del propio establecimiento y en chiringuitos de comida y bebida se prohibe el uso de carpas y pérgolas. Los establecimientos deberán tener baños adaptados, quedando prohibido también que se limite su uso sólo a los clientes o cobrar por su acceso.
El borrador de decreto amplía la temporada para los servicios de la playa y en consecuencia cambia los periodos para solicitar instalarse dentro de la servidumbre de protección, en el espacio de costa que no es suelo urbano y, por tanto, competencia municipal. «Ahora los ayuntamientos tenían febrero para hacer la solicitud y los privados marzo; si queremos empezar en Semana Santa no tendríamos tiempo de tramitarlo», argumenta Laura López, directora general de Urbanismo. Por eso propone que ya en el último trimestre del año se puedan cursas las peticiones, facilitando la planificación a todos los interesados.
«Lo ideal es que sea el propio ayuntamiento el que pida la autorización para las actividades y luego las saque a concesión», considera. Esto es algo que «ya hacen algunos ayuntamientos y otros no, así que haremos pedagogía y cooperación administrativa para que entiendan las ventajas de este modelo», propone.
Un ejemplo está en la nueva regulación para los aparcamientos que sirven a la playa. El borrador se fija en las ocupaciones medias y máximas que cada playa ha tenido entre 2010 y 2019 y gradúa en consecuencia la superficie máxima para coches. «Un ayuntamiento puede considerar que una playa está saturada y jugar con eso, pedir el permiso para el aparcamiento de ese arenal reduciendo su superficie y así forzando a los bañistas a ir a los aparcamientos de otra zona. Esa autorización en cambio si te la pide un privado buscará maximizar su beneficio y solicitará la ocupación máxima que podemos dar en función de la afluencia de la playa», razona.
La directora confía en que el borrador fije mejor los criterios de concesión para los casos en los que dos privados se interesan por desarrollar la misma actividad en el mismo sitio. «Si empatan en todo tendríamos que decidir por sorteo, pero espero que no pase», confía.
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