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El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que modifica el reglamento de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (ROTU). Una revisión que permitirá la entrada en vigor de una serie de medidas que servirán, en palabras del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, «para simplificar, agilizar y facilitar la tramitación urbanística».
El principal objetivo del nuevo reglamento será, tal y como detalló el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, impulsar la actividad en el medio construido consolidado, tanto en ciudades como en poblaciones rurales, en lugar de enfocar el ordenamiento hacia la creación de nueva trama rural o urbana. Un cambio de modelo urbanístico más sostenible en el que se prima la rehabilitación, renovación y regeneración urbana de las viviendas ya construidas. Pero también es voluntad del Gobierno regional conseguir a través de este nuevo reglamento reducir los trámites burocráticos y los plazos de licencias, dotar de más flexibilidad y herramientas a los ayuntamientos para proceder al desarrollo urbanístico de su suelo y evitar que las trabas urbanísticas sean un «freno» para el desarrollo de actividades agrarias.
Principal objetivo
Potenciar el medio construido: La prioridad es poner el foco en el medio construido consolidado mediante la rehabilitación, renovación y regeneración urbana.
Nuevas herramientas y facilidades en la tramitación
Para la Administración local: se les dota de herramientas para que puedan desarrollar políticas de intervención en cascos urbanos y barrios vulnerables, cómo precisar la regulación del suelo urbano, incorporar actuaciones de dotación, potenciar los PERIs, aumentar la exigencia de viabilidad económica en operaciones urbanísticas y regular los complejos inmobiliarios.
Para los ciudadanos: se incorporan nuevas tecnologías para las notificaciones e informaciones públicas, se permite el uso de vivienda dotacional de promoción pública en suelos calificados como dotacionales en el planeamiento, se excluye la obligación de identificar a todos los propietarios en tramitaciones puntuales, se establece un límite de dos años para la protección de bienes y elementos derivados de la tramitación de un Catálogo y se facilita la gestión de los suelos industriales, con la posibilidad de computar como reserva dotacional los aparcamientos.
Concesión de licencias
Mayor agilidad: Permitiendo la unificación del expediente de actividad y urbanístico; aplicando el silencio positivo cuando los informes sectoriales no lleguen en tiempo y forma y reduciendo las garantías económicas del 6% al 3%.
En suelo no urbanizable
Nuevas medidas: se aclaran los criterios de delimitación de los Núcleos Rurales, se unifican criterios de parcelación y agrupación (máximo 6 viviendas) y se amplía la capacidad edificatoria de 300 a 500 metros cuadrados. Los ayuntamientos podrán regular la distancia de los cierres a los caminos, se permite la construcción de nuevas naves ganaderas excepcionalmente y, en suelos de interés, se permite la reforma y ampliación de vivienda sin exigir vinculación agraria.
Para conseguirlo, el texto permite agilizar la concesión de licencias mediante medidas como la aplicación del silencio positivo cuando los informes sectoriales no lleguen en tiempo y forma. Pero también dota a la Administración, a los propietarios y a los emprendedores de una mayor flexibilidad urbanística con la incorporación de cuestiones que van desde la ampliación de la capacidad edificatoria de 300 a 500 metros cuadrados, a la posibilidad de construir nuevas naves ganaderas excepcionalmente o, incluso, de reformar y ampliar viviendas sin exigir vinculación agraria en suelos de interes, por citar solo algunos ejemplos. En resumen, señaló el consejero, se busca que «el interés por la rehabilitación de la vivienda en la zona rural generada durante la pandemia se convierta en una realidad» y que la normativa urbanística no suponga nunca un lastre para las actividades tradicionales.
El Ejecutivo también autorizó la firma de un convenio entre el Principado, a través de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, y la Universidad de Oviedo, para la creación de una Cátedra de Cambio Climático. Este órgano se concibe como una herramienta al servicio de la investigación, la formación y la difusión de las causas del calentamiento global, las medidas para su mitigación y la adaptación a su impacto. Por otro lado, el Consejo de Gobierno dio luz verde a un gasto de 2,6 millones para abonar los servicios de asistencia jurídica gratuita correspondientes a los meses de julio a noviembre. Los fondos se distribuirán entre el Colegio de Abogados de Oviedo (1.794.000 euros), el Colegio de la Abogacía de Gijón (650.000 euros), el Colegio de Procuradores de Oviedo (104.000 euros) y el Colegio de Procuradores de Gijón (52.000 euros).
Los cambios introducidos en el reglamento se suman, quiso destacar el consejero, al contenido de la Ley de Medidas Administrativas Urgentes, que ya aborda soluciones en la gestión urbanística como la simplificación del inicio de actividades económicas o acciones edificatorias menores mediante una declaración responsable o la centralización de los informes sectoriales a través de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA).
El documento también persigue flexibilizar la tramitación y dotar a las administraciones locales de herramientas seguras para intervenir en los cascos urbanos o en barrios vulnerables. Para ello, se potencia el uso de los planes especiales de reforma interior (PERI), se es más exigente con la viabilidad económica de las operaciones urbanísticas y se permite regula los complejos inmobiliarios.
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