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«Fue un susto tremendo. El Principado nos metió el miedo en el cuerpo». Marta Álvarez no las tenía todas consigo esta mañana. Su madre, enferma de alzhéimer y usuario del centro de día de El Naranco, en Oviedo, acude a diario al dispositivo mediante ... un servicio de transporte por el que paga cada mes. Sin embargo, el 1 de febrero aparecía marcado en rojo en su calendario, así como en el los familiares de los 600 usuarios de los centros de día públicos de La Vega (Mieres), Clara Ferrer (Gijón), El Cristo y Santa Teresa (Oviedo), Valentín Palacio (Siero), El Nodo (Avilés) y Palacio de Villar (Castrillón). En rojo de alerta, ya que, tal y como adelantó EL COMERCIO, hace una semana desde Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), el organismo dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar que gestiona la red pública geriátrica, les informó de que, ese día, se suspendería el servicio de transportes. Al final, el servicio se ha mantenido.
Y lo ha sido gracias a la protesta conjunta de usuarios, familiares y trabajadores de las empresas de transportes, que contaron con el apoyo de Podemos. Una moviloización que se tradujo en un cambio de opinión exprés. En menos de 24 horas desde que saltó la noticia, la propia consejera, Melania Álvarez, salió a la palestra para dejar claro que el servicio «se mantendría» como hasta el momento.
Sin embargo, las palabras no iban coordinadas con los hechos, ya que las empresas afectadas, Transportes Adaptados y Adaptrans, seguían con facturas sin pagar y sin notificación de que el contrato se prorrogase tras el 31 de enero. «Llevábamos muchos meses negociando con la gerente del ERA, Ana Suárez Guerra, y siempre nos decía que saldría el servicio a concurso, pero no salió», explica Juan Areces, de Transportes Adaptados.
Sin tiempo para sacar un concurso público, la decisión fue hacer un contrato por la vía de urgencia «por duración de un mes y 26 días», que fueron notificadas a las empresas «ayer, a las 15 horas». Al límite.
Una notificación que permitió que hoy la madre de Marta Álvarez, así como el padre de Cristina Martínez fueran recogidos en su domicilio para acudir a su terapia diaria. «Ha sido un susto enorme», insiste Álvarez, mientras que Martínez sigue viendo nubarrones a largo plazo. «El problema es que todavía está pendiente de licitarse el servicio. Es decir, no tenemos la garantía de que esta empresa siga en esta ruta, pese a que para nuestras familias es muy importante su continuidad». Lo dice Martínez porque los usuarios son todas personas con dependencia «que necesitan una rutina» y, sobre todo, «un trato profesional». Todos conocen tanto al conductor «como a la auxiliar que les acompaña durante todo el viaje» y que hace frente «a cualquier problema que surja».
En esa línea, Areces recuerda que «la deuda con las empresas continúa». Por una insostenible «la empresa dejó el servicio del centro de día de Siero», explica, «hubo un juicio y ganó la empresa, ya que quedó claro que no se podía prestar un servicio si no se pagaban las facturas. En ese centro, hoy el servicio lo prestó una nueva empresa, Autocares Mariano «con su propio personal» sin que los cuatro trabajadores que debían ser subrogados «hayan sido llamados. No sabemos qué pasará con ellos».
El ERA sigue con facturas pendientes de abonar, «ayer mismo nos rechazaron una, sin que sepamos la razón», pero, destaca Areces, «la empresa nos ha seguido pagando a todos las nóminas. Lo ha hecho endeudándose, pero nos ha pagado». Lamenta él que el retraso en los pagos del ERA «pueda afectar a participar en concursos para hacer este servicio, ya que con una deuda quizá no se logre el aval bancario necesario ni, tampoco, se pueda renovar la flota».
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