El Principado logra en 48 horas un acuerdo para normalizar la ITV tras cambiar de negociadores

¿Cómo se ha dado la vuelta a un conflicto que parecía encallado? Cabe recordar que el sábado el hasta entonces negociador del Principado, el viceconsejero Isaac Pola, tiró la toalla al ver que la plantilla rechazaba su oferta. Dijo que aquello era «lo mejor que podemos hacer en el marco legal establecido» y que la cosa quedaba en manos de «la instancia superior». El lunes Nieves Roqueñí, su superiora jerárquica, consejera de Transición Ecológica y presidenta de ITVASA, asumió que «la negociación está rota» y anunció que elevaría los servicios mínimos, que fijan la presencia del 26% de trabajadores.

En realidad fue por entonces cuando el presidente del Principado, Adrián Barbón, activó el 'plan B'. Tal y como desveló EL COMERCIO, sacó el asunto de Transición Ecológica y confió la misión de buscar una solución a su vicepresidenta, Gimena Llamedo, y al consejero de Ordenación del Territorio y líder de IU-Convocartoria por Asturias, Ovidio Zapico. La primera es una experta negociadora y tiene las competencias en Función Pública, departamento que debe validar todo cambio de la jornada laboral. El segundo está al frente de un partido hermanado con CC OO, sindicato mayoritario en ITVASA.

La sustitución admite muchas lecturas políticas y debilita la situación de Pola y Roqueñí, tándem clave en el organigrama diseñado por el presidente. Más aún visto el resultado.

En 48 horas el nuevo equipo desencalló la situación. Una serie de llamadas, un café ayer antes del pleno en la Junta General y una reunión de media hora en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) bastaron para cerrar el pacto. A esta última cita los negociadores, Llamedo y Zapico, se hicieron acompañar de Roqueñí para dar imagen de unidad.

¿Qué ha cambiado respecto a la oferta del sábado? La propuesta anterior fijaba una reducción de la jornada laboral, desde las 37,5 horas actuales a las 35, a partir del 1 de mayo, condicionada a un incremento de la productividad. Se exigía que los inspectores elevaran el rendimiento en un vehículo al día. La parte social sostenía que «es competencia de la gerencia organizar la empresa de forma que produzca más, sustituyendo máquinas obsoletas que hacen perder tiempo o modificando la operativa», en palabras de Marcos Llorente, portavoz del comité de huelga. «No podemos correr más, y si quieren que lo hagamos han de poner por escrito qué dejamos de revisar», argumentó. El Principado asumió ese argumento y trabajará con la dirección para elevar la producción.

Con Pola las partes acordaron un plus de fidelidad, de 107 euros al mes. El viceconsejero lo condicionaba a una reducción del absentismo tomando para ello el diferencial que hay entre las ausencias en ITVASA y la tasa del sector que calcula una mutua. Los sindicatos cuestionaban que en realidad ese dato lo calcula la mutua en relación a más ramas de actividad, escapaba de su capacidad de supervisión y solicitaban utilizar como referencia la tasa de absentismo de la propia ITVASA en los últimos cuatro años, que está entre el 5 y el 6%. Llamedo y Zapico aceptaron tomar ese parámetro como referencia y graduar el plus a cuánto se baja de dicho dato.

Otras reclamaciones han quedado pendientes de negociación futura o rechazadas. «Llevamos casi cuatro meses pidiendo negociar con quien tenía capacidad y sobre planteamientos realistas, en dos días ha sido posible», valoró Llorente, de CC OO. CSI dio por bueno el acuerdo a la espera de mejoras futuras y parecida posición manifestó CSIF. UGT era contrario a la huelga.

En la Junta el presidente Barbón volvió a usar el turno de respuesta al líder del PP, Álvaro Queipo, para dar una noticia, la del principio de acuerdo. «El Gobierno hablará de soluciones concretas para la vida de la gente», dijo. «Así se hace la política», defendió, en un pleno donde la izquierda unió sus votos para rechazar la iniciativa del PP que instaba a permitir que empresas privadas compitieran con ITVASA.

Lo cierto es que lo que empezó como un conflicto laboral, tomó con el tiempo envergadura de crisis política de las que dejan heridas. Hace un mes Barbón advirtió de que si el problema se alargaba le obligarían a valorar un cambio de modelo, lo que encendió a IU, que dijo que ningún paso se daría en ese sentido con ellos en el Ejecutivo. Desde entonces la coalición empezó a mediar con la Federación de Industria de CC OO en aras de un acuerdo.

El paso atrás de Pola el sábado encendió las alarmas en el Ejecutivo, desencadenando un 'plan B' de riesgo. Si Zapico fracasaba, IU se quedaría con escaso margen para impedir la liberalización. El desenlace, a la espera de la votación de la plantilla, refuerza a Llamedo y al socio minoritario del Ejecutivo al precio de erosionar a Roqueñí y Pola. La negociación del viceconsejero deja un malestar en IU-Convocatoria y en sectores socialistas.