El Principado insta al Gobierno central a autorizar que se vuelva a matar lobos tras el giro de la UE

«Que la UE flexibilice y permita que recuperemos los controles es sin duda una magnífica noticia y espero que el Gobierno español atienda nuestras reivindicaciones», celebró el presidente del Principado, Adrián Barbón. El jefe del Ejecutivo autonómico consideró que «cuando uno legisla debe tener en cuenta la realidad de los territorios» y defendió la política aplicada por Asturias, consistente en hacer censos de manadas y daños y autorizar el sacrificio de ejemplares donde los depredadores provocan más ataques. «Se controlaba la población y se actuaba donde había masificación», recordó.

La decisión del Gobierno central de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lespre) en septiembre de 2021 impidió continuar con el sistema. Formalmente, el Ministerio para la Transición Ecológica abrió un cauce legal que permitía volver a matar un lobo si se acreditan los daños que causa, que el ganadero afectado hizo lo posible por evitarlos y que el sacrificio no afecta al futuro de la especie. El Principado siguió ese procedimiento y se encontró con que el último informe lo emite el propio ministerio, quien considera que hasta que no tenga un censo nacional no puede respaldar que se mate un ejemplar; el problema es que el conteo de manadas puede llevarle dos años. Su informe es «preceptivo no vinculante», pero la administración asturiana no quiso seguir sin dicho aval.

«Tenemos un juicio abierto con el Gobierno de España para que nos permita volver a aplicar el plan de gestión», recordó Barbón. Sobre la invitación de Bruselas, su consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, confirmó que remitirá la información más actualizada sobre censos y daños. El conteo de 2021 estimó en 43 las manadas, el mayor número desde que hay registros. Los daños por contra están en descenso continuado desde 2014, cerrándose el ejercicio 2021 con 2.721 ataques registrados. La actualización de 2022 apunta a 40 grupos seguros y cuatro más, probables.

El Principado no será el único en suministrar datos. El portavoz parlamentario del PP, Diego Canga, anunció que su grupo «contactará a todos los concejos donde haya este problema y ya que el PSOE no hace su trabajo transmitiremos a Bruselas toda la evidencia que podamos recoger».

Canga recordó que la decisión de la Comisión viene motivada por una resolución del Parlamento Europeo, de noviembre, en la que «se citan países y regiones que sufren daños del lobo, pero ni España ni Asturias son mencionadas». La iniciativa que ha hecho recapacitar al Ejecutivo comunitario menciona concretamente a «Austria, Francia, Alemania, República Checa, Bélgica y una región del norte de Italia». Asturias no figura «a pesar de tener más daños que alguno de esos países». La resolución estima en 616 las reses muertas en la República Checa, 139 en Bélgica y 98 en el Tirol Meridional.

El portavoz popular recordó que los socialistas asturianos cuentan con un eurodiputado, «Jonás Fernández; hay que preguntarle qué ha estado haciendo para que no haya una mención a Asturias en la resolución». En junio, recordó, hubo también una reunión de los ministros de la UE «y nuestro país no apoyó la revisión de la legislación europea» en materia lobera. Por todo ello, concluyó Canga que la iniciativa que adoptó ayer la Comisión la hace «a pesar del PSOE». También recordó que en marzo él mismo se reunió con el comisario europeo de agricultura «y le mencioné el problema del lobo. Es una pequeña satisfacción personal».

Carolina López, por parte de Vox, dijo que su partido lleva «años demandando un plan nacional del lobo que ni el PP apoyó». Entiende que la UE «da la razón a Vox, pero llega tarde».

IU eludió pronunciarse. La diputada de Podemos, Covadonga Tomé, fue la única que solicitó mantener al lobo en el Lespre, pero «al mismo tiempo» arbitrar medidas para potenciar la ganadería extensiva. «Debemos buscar soluciones que minoren al máximo los ataques al ganado sin poner en riesgo la población lobera», indicó.

Foro instó al Gobierno central a «dar marcha atrás» en la protección de la especie y defendió que el pago por los daños se agilice, bastando para su tramitación con una declaración responsable del afectado.