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S. G. A.
GIJÓN.
Lunes, 4 de septiembre 2017, 04:59
El Gobierno del Principado ha iniciado ya el proceso para poder aplicar el copago a los afectados por las facturas cobradas de forma errónea a los usuarios de la red geriátrica pública desde 2007. Así, el Ejecutivo autonómico informa de que el pasado 1 de ... septiembre se puso en marcha este procedimiento, que afecta a 2.802 expedientes «a los que el organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) no aplicó en su momento por diversos motivos» de forma correcta. Personas que residían en una plaza de las gestionadas por el ERA y a las que no se les computó adecuadamente la ayuda que con cargo a dicha ley tenían concedida.
Según las estimaciones de la Consejería de Servicios Sociales, las deudas con este colectivo ascenderían a seis millones de euros, una cifra que desde la oposición, como por ejemplo Podemos, ven escasa.
2.802 expedientes afectados por el cobro de manera inadecuada de las facturas de usuarios de la Red de Establecimientos Residenciales de Asturias.
El departamento que dirige Pilar Varela destaca, por su parte, que la Administración regional «ha agilizado al máximo los trámites» y comenzado ya los trabajos con el objetivo de que la devolución de las cantidades ingresadas en exceso que puedan existir empiece a realizarse antes de que finalice este mismo año. Desde la entrada en vigor el 30 de agosto del Decreto 59/2017, de 9 de agosto, que establece el Régimen de Participación Económica en el Coste del Servicio de Atención Residencial de las Personas Mayores con Dependencia reconocida antes del 1 de enero de 2011, la consejería contaba con un plazo de un mes para poner en marcha este proceso y de seis meses para resolverlo. La consejería, ahora, notificará esta tramitación en las próximas dos semanas a todas las personas afectadas y se les pedirá, cuando sea necesario, que aporten su autorización para acceder a las bases de datos para calcular el copago en función de la Ley de Dependencia que les corresponda, «lo que servirá de base para la revisión de las liquidaciones de deuda emitidas en aplicación del precio público íntegro».
El requerimiento de esta autorización, precisa Servicios Sociales, será necesario en 420 expedientes, ya que se cuenta con ella en el caso de la mayoría de las personas dependientes, que deben prestarla con motivo de su estancia en el ERA, lo que, confía la consejería que dirige Pilar Varela, agilizará la tramitación.
No obstante, puntualiza este departamento, dada la «complejidad de este proceso», los responsables de la consejería y del ERA mantendrán en los próximos días diversas reuniones informativas con el personal directivo de los centros residenciales, así como con los servicios sociales municipales, para que los usuarios dispongan de toda la información necesaria de manera homogénea y eficaz.
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