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CHELO TUYA
GIJÓN.
Jueves, 8 de octubre 2020, 01:58
«El incentivo al empleo de las personas beneficiarias del salario social básico y la agilidad en la tramitación de las prestaciones». Esas son, en palabras de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, las principales claves del futuro decreto que regulará la prestación asturiana que llega a quien tiene ingresos inferiores a los 430 euros al mes: el salario social básico.
Un nuevo decreto al que obliga «la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital», explicó Álvarez, y cuyo borrador presentó ayer a los agentes sociales, UGT, CC OO y Fade, con los que el Gobierno regional cierra los acuerdos de concertación.
«Les hemos presentado las líneas básicas sobre las que debe girar la actualización del decreto», afirmó la consejera, y ahora «estamos a la espera de que puedan incorporar las aportaciones que consideren oportunas» para, resaltó, «dotarnos de un documento que regule el funcionamiento y la convivencia de ambas prestaciones, que son complementarias». No obstante, insistió la consejera en que las aportaciones sindicales «no deben perder de vista los incentivos al empleo de las personas beneficiarias del salario social básico y la agilidad en las prestaciones».
Por su parte, los representantes de las diferentes entidades participantes en la reunión optaron por esperar «a conocer el documento» antes de ofrecer una valoración. En esa línea, la secretaria de Política Sindical de UGT, Mar Celemín, recordó que «la modificación del reglamento del salario social es una de las medidas de concertación», y aclaró que «no nos han dado aún el texto, así que hay que esperar a ver el documento».
Igual postura mantiene CC OO. Desde la dirección del sindicato se explicó que «estamos a la espera de que el Gobierno nos haga llegar la documentación».
Mientras llega el nuevo decreto y entra en vigor la prestación estatal del Ingreso Mínimo Vital, en Asturias son ya 22.219 los asturianos que están a nómina del salario social. La paga asturiana no desaparecerá cuando entre en vigor la estatal, sino que ambas convivirán. De hecho, el Principado había calculado que más de 5.000 personas pasarán a cobrar el Ingreso Mínimo Vital, que para determinados tramos (personas con hijos a cargo) ofrece cuantías más elevadas que la asturiana.
Sin embargo, las personas que viven solas o las mayores de 65 años que cobran el salario social como complemento a su pensión, no tienen encaje fácil en la nueva prestación estatal.
De acuerdo al último listado oficial, el 29 de septiembre pasado había 447 personas a la espera de que se resolviese su solicitud de cobro del salario social, con una demora de dos meses, lo que entra dentro del plazo legal. En lo que va de año, se han tramitado 1.454 nuevas altas en el sistema de ayuda regional, con una inversión total de 79.241.196 euros. Del total de nóminas, los expertos calculan que se benefician casi 45.000 personas.
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