El Principado exigirá que las universidades privadas cuenten con el visto bueno de los técnicos del ministerio

En Asturias, como es sabido, son tres los proyectos en marcha. Por un lado, la Universidad Europea construirá un campus en Gijón. La Nebrija abrirá un centro adscrito en Avilés. Y la Alfonso X se instalará, también con un centro adscrito, en Oviedo. Las dos primeras ya han iniciado todos los trámites necesarios tanto con los ayuntamientos (ambos han mostrado su satisfacción por sendos proyectos) como con el Principado. La Alfonso X aún no ha presentado la documentación oficial ante el Ejecutivo, pero se espera que lo haga en breve.

Los requisitos legales son diferentes para un campus o para un centro adscrito. El primero necesitará de un informe de los técnicos del ministerio de Universidades, a través de la Conferencia General de Política Universitaria. Un informe que no es vinculante y que precisamente esta semana los partidos de izquierdas (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos) han aprobado en la comisión de Ciencia y Universidades una Proposición No de Ley para que dicho informe pase a ser vinculante. Desde 2018, los técnicos han emitido 21 informes desfavorables, cinco positivos y otros dos condicionados a cambios. Pero la mayoría no han sido tenidos en cuenta por los gobiernos autonómicos, al no ser vinculantes. En este sentido, Asturias va por delante. Porque aun sabiendo que por el momento no lo es, la Consejería de Ciencia deja claro que «será fundamental que sea favorable». El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, expuso esa misma idea en el Pleno de la Junta General, donde insistió en que «la apuesta del Principado es la universidad pública, la Universidad de Oviedo».

Desde la institución se confía en ese compromiso de tener en cuenta la opinión del ministerio: «Se deben seguir las indicaciones de estos informes por responsabilidad institucional».

Además de eso, se requiere informe preceptivo de la Comunidad Autónoma, «sobre la necesidad y viabilidad académica y social de la implantación del título universitario oficial»; el visto bueno de la Agencia de Calidad, la ANECA, y la verificación del plan de estudios por parte del Consejo de Universidades. Un largo proceso que llevará aún un tiempo, por más que la Nebrija haya expresado su intención de ponerse en marcha el próximo curso, algo que es muy improbable.

La tramitación para la apertura de la Universidad Europea, en cualquier caso, será más compleja porque requiere de la aprobación de una ley por parte de la Junta General del Principado, y el Gobierno estudia aún las posibles vías a seguir. En el caso de los centros adscritos la aprobación llegará vía decreto. Con una cosa clara: «Se les exigirá la misma calidad que a la pública». Primero, por convencimiento. Y después, porque su implantación depende de decreto de Enseñanzas Universitarias Oficiales y Centros en el Principado de Asturias, que data de 2009 y que solo hace referencia a las características que debían tener las demandas de la Universidad de Oviedo. Y es a esas demandas a las que deberán ajustarse las peticiones de la privada.

Mientras tanto, el Ejecutivo ha empezado a preparar un nuevo decreto, que en el futuro regulará todos los procedimientos de implantación, adaptación o supresión de enseñanzas oficiales de grado, máster y doctorado, así como «la creación, modificación, supresión y adscripción de centros y estructuras universitarias».

Recientemente, el PP asturiano dirigía una pregunta por escrito al Ejecutivo sobre las modificaciones legales que se estuvieran preparando para la implantación de las privadas. La respuesta fue, precisamente, que se estaba preparando este nuevo decreto, obligado para adaptarse a la nueva Ley de Universidades, la LOSU, pero que en el caso de Asturias hay que aprovechar para dejar regulado todo lo que viene.

Está por ver si la llegada de la Alfonso X se regulará por el viejo o por el nuevo decreto, dependiendo de cuándo presente la universidad toda la documentación.