El Principado exhibe sus cesiones para que la Junta apruebe el proyecto de ley de Reto Demográfico

Así las cosas, y por obligación legal, la tramitación del proyecto de ley volvió al Gobierno regional, que aprovechó la circunstancia para insistir en su intención de que el proyecto «sea aprobado con el mayor nivel de apoyo posible» dada la relevancia de esta futura ley, de la que en la campaña electoral se insistió en que será «transversal a toda la acción del Gobierno». Para ello, abrió un proceso de negociación con el resto de formaciones -basándose también en el dictamen de la comisión parlamentaria de Reto Demográfico, el llamado 'dictamen Llamedo', este sí aprobado por casi unanimidad (43 de los 45 diputados de la anterior legislatura le dieron su apoyo).

Esa negociación saltó por los aires esta semana, cuando la diputada del PP Cristina Vega indicó que «los socialistas rechazan las tres propuestas de mínimos del Partido Popular: una fiscalidad diferenciada, el plan retorna de emigrantes y mejorar la calidad legislativa de la ley para dar seguridad jurídica a los agentes económicos y sociales».

Aún así, el grupo socialista anunció a continuación que el texto iría a consejo de Gobierno esta semana y al anunciar ayer su aprobación, el Ejecutivo de Adrián Barbón anotó que «tras la negociación con los grupos parlamentarios, se han introducido varios cambios en el documento definitivo», ya que «el texto remarca el uso de una fiscalidad diferenciada que favorezca el asentamiento y la actividad económica en las zonas despobladas y en riesgo de despoblamiento», además de reforzar «el compromiso de elaborar planes demográficos de carácter general o parcial dirigidos a sectores o territorios específicos, el desarrollo de servicios de transporte a demanda en el medio rural, el compromiso de potenciar la hospitalización a domicilio y las unidades de coordinación sociosanitaria, y blinda el Plan Concilia, el Plan Retorna Asturias y la Oficina del Retorno», en la línea de lo negociado con el resto de grupos.

Además, el texto introduce «modificaciones que afectan a los montes. Principalmente, consisten en el impulso de medidas que clarifiquen la propiedad rural y la delimitación de fincas. La falta de actualización impone trabas al emprendimiento y al desarrollo económico en la zona rural». Es esta una medida, la de poner a rendir económicamente terrenos que hoy por hoy están en barbecho por abandono, por atomización de las fincas o por falta de clarificación de su propiedad, entre otras causas, en la que el esfuerzo en esta legislatura será notable desde el Banco de Tierras y Explotaciones de la Consejería de Medio Rural y con el apoyo, para lograr financiación para proyectos bien adaptados a los requerimientos del mercado actual, de la Red Asturiana de Desarrollo Rural.

El Gobierno remitirá ahora el articulado del proyecto de ley al Parlamento regional, donde se someterá a su fase de tramitación, en la que, antes de ser llevada a pleno para su debate y votación -y, en su caso, aprobación- los grupos parlamentarios aún pueden introducir enmiendas a un texto cuyas medidas «solo tendrán éxito si se mantienen a medio y largo plazo», indicó ayer el Gobierno. Para ello, en el trámite parlamentario se volverá a buscar un acercamiento al resto de grupos políticos que reedite el apoyo logrado por el 'dictamen Llamedo'.

Entre otras medidas, la ley establecerá cuatro categorías de municipios: demográficamente dinámicos, inestables, en crisis demográfica y en riesgo de despoblamiento, para reforzar las medidas contra el despoblamiento en los territorios que más lo necesiten.