MIRIAM SUÁREZ
GIJÓN.
Miércoles, 19 de abril 2023, 03:22
El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a su plan para impulsar el alquiler social, que pasa por movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, sociedad que gestiona los activos procedentes de la reestructuración bancaria y que se conoce popularmente como 'banco malo'. ... Pero este compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, que se presentó a bombo y platillo para resolver «el problemón» de la falta de alquileres asequibles, ha desinflado al conocerse que sólo 9.000 inmuebles estarían ahora mismo en condiciones de ser habitados.
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El plan de Sánchez comenzará a desarrollarse poniendo a disposición de autonomías y ayuntamientos un primer bloque de 21.000 viviendas, de las cuales unas 12.000 se encuentran en mal estado y, por tanto, deberán ser rehabilitadas para que los futuros inquilinos puedan entrar a vivir. Según las estimaciones del Ejecutivo, se tardará entre ocho y nueve meses en llevar a cabo las obras necesarias para que esos inmuebles estén disponibles.
A esa oferta inmobiliaria habría que sumar otras 14.000 casas, que ya forman parte del programa de vivienda asequible, y que actualmente están ocupadas por familias en situación vulnerable, a las que el Gobierno ofrece ahora contratos de alquiler social para regularizar su situación. El plan incluye, además, otros 15.000 pisos que ni siquiera se han construido todavía. Se edificarán en suelo de la Sareb mediante colaboración público-privada. Se calcula que el proceso de construcción podría demorarse entre dos y tres años.
Ante esta situación, el Gobierno del Principado «ya trabaja» en el análisis de las viviendas de la Sareb que se movilizarán en Asturias. «Es importante conocer la situación y condiciones en las que están para, en función del interés que pudieran suscitar, ver cómo canalizamos la financiación» prevista dentro del plan estatal recién aprobado por el Consejo de Ministros. Lo explicaba ayer la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, que recibe esta medida como «complementaria» a las actuaciones que viene llevando a cabo el Gobierno autonómico para garantizar el acceso a viviendas asequibles.
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Casi al mismo tiempo que el Consejo de Ministros aprobaba la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, Alberto Núñez Feijóo presentaba un proyecto alternativo del Partido Popular. Entre las medidas avanzadas, se encuentran una ayuda de 1.000 euros para la emancipación de los jóvenes, a fin de abaratar los gastos por adquirir o arrendar una vivienda; la ampliación del bono de alquiler joven; o incrementar las cesiones de suelo para construir viviendas y alquilarlas un 40% más baratas que el precio de mercado. Frente al tope que plantea la ley de vivienda que el Gobierno central ha perfilado con ERC y EH Bildu, los populares plantean que el Estado ayude a los jóvenes a comprar su primera vivienda con un aval del 15%; y en caso de optar por el alquiler, que les cubra el coste de la fianza.
Asturias cuenta con 395 viviendas de la Sareb, localizadas principalmente en Aller, Corvera y Gijón. La consejería de Derechos Sociales y Bienestar está analizando «en estos momentos» la idoneidad de su ubicación y las posibilidades de habitabilidad de cada uno de esos inmuebles. «Conviene conocerlo», subrayó Melania Álvarez, «teniendo en cuenta, sobre todo, la financiación que recoge el plan estatal», que cubre hasta el 60% de la compra de esas viviendas y hasta el 75%de las reparaciones que haya que afrontar. Se prevé un desembolso de más de 4,4 millones de euros en tres años, que es el plazo de vigencia del programa estatal.
«Se contempla financiar compra y reparación, pero partiendo del análisis previo de la idoneidad de ubicación y las posibilidades de habitabilidad de las viviendas», insistieron desde la Consejería de Melania Álvarez, que «en cuanto conozcamos el detalle, aplicaremos el plan con total normalidad e iniciaremos, siguiendo nuestro compromiso, la tramitación de la Ley Autonómica de Vivienda».
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Además del 'programa de puesta a disposición de viviendas de la Sareb', el Gobierno estatal ha tomado otras dos medidas para tratar de frenar el precio de los alquileres. Por un lado, ha puesto tope a las actualizaciones de los arrendamientos -podrán subir un máximo del 3%- y, por otro, cargará a los propietarios con los gastos de gestión inmobiliaria.
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