El Principado estudia suspender más licencias tras el accidente de Degaña

El socio minoritario del Gobierno, IU, planteó tras el accidente suspender cautelarmente todas las licencias similares a la de la mina de Cerredo para «parar y analizar» lo que estaba ocurriendo. Sólo un día después, la propia consejera, Belarmina Díaz, comunicaba la suspensión cautelar del proyecto de investigación concedido a Tyc Narcea para trabajar en el interior de la antigua mina de Carbonar, en Vega de Rengos. El Principado, según pudo saber este periódico, podría estar estudiando la suspensión de más licencias mineras.

Se trata, de hecho, de la medida más drástica adoptada hasta el momento por el Gobierno regional tras el fatídico suceso ocurrido en Degaña, y se enmarca en la inspección general del Servicio de Minas que se activó de forma urgente para analizar el funcionamiento de la administración. Además, el Principado también acordó personarse en la investigación judicial abierta como acusación particular y crear por parte de la Comisión de Seguridad Minera una comisión de investigación específica para conocer qué ocurrió en este yacimiento el pasado 31 de marzo y actuar en consecuencia.

Lo ocurrido en Cerredo ha puesto encima de la mesa, paralelamente, la dura guerra empresarial que subyace en el sector minero. Primero se supo que Blue Solving, que opera la mina en la que murieron cinco personas con una licencia de investigación para analizar la posible producción de grafito, había sido denunciada por una presunta actividad extractiva «encubierta» ante la Consejería de Transición Ecológica por Promining (Proyectos Mineros e Ingeniería SA), compañía vinculada al condenado empresario minero Victorino Alonso.

Y ahora, tras hacerse pública la suspensión cautelar del permiso que permite a la empresa Tyc Narcea realizar pruebas de investigación con antracita siderúrgica extraída en la antigua mina de Carbonar, se vincula esta decisión a una denuncia interpuesta el 7 de marzo ante la Dirección General de Minas por Special Anthracites, más conocida por su denominación anterior, Natural Mining Resources 1926 (NMR). Esto es, la empresa en concurso de acreedores y salpicada por numerosos escándalos judiciales que ha llegado a un acuerdo con el empresario Victorino Alonso para seguir explotando la mina de Pilotuerto.

En la denuncia se advierte de la explotación de carbón en la mina de Cangas del Narcea de forma ilegal. Fuentes de Tyc Narcea explican que entregaron «en tiempo y forma» a la consejería la documentación solicitada a la empresa a raíz de esta denuncia, que califican de «infundada y falsa», y recuerdan que el proyecto de investigación autoriza la extracción de hasta 90.000 toneladas, habiendo hasta la fecha extraído unas 40.000.