El Principado desbloquea el proceso para reconocer más montes vecinales

La cita sirvió para el primer reconocimiento. La documentación que desde 2014 viene presentando la Asociación Vecinal de Abres (Vegadeo) ha bastado para que el Jurado asuma que en sus montes hay aprovechamientos tradicionales, pasados de generación a generación. El acta que ayer se suscribió reconociendo este monte en mano común implica una inscripción provisional en el registro de la propiedad. Toca después iniciar el apeo o deslinde definitivo; esto es, la investigación de los títulos de cada parcela para aclarar qué propiedades están ahora en un limbo, cuál tiene dueño atribuido y cuáles son los argumentos para respetar o revocar esa posesión.

Arbes dispone de su reconocimiento, pero el Jurado de Clasificación se comprometió ayer ante los peticionarios a continuar con los otros 18 expedientes abiertos, de los que seis están en Tineo, tres en Llanes, dos en Somiedo y el resto son casos aislados de Laviana, Morcín, Salas, Illano, Vegadeo, Valdés y Piloña. De la reunión las juntas vecinales salieron con la esperanza de tener una respuesta en un plazo aproximado de cuatro meses.

La reunión fue un primer paso a una situación estancada «desde los años 80», según la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común del Principado. «En los años 70 y 80 se reconocieron unos 70 montes vecinales, en Ibias, y desde entonces hubo algún caso contado, pero nada más. Dejó de interesar y la administración se dedicó a marearnos», indicó el vicepresidente del colectivo, Xuan Valladares.

Ese antecedente es el que explica que la coordinadora calificara la reunión de ayer como un hecho «histórico dadas las actuaciones rocambolescas llevadas a cabo por la administración asturiana en materia de montes en los últimos 40 años», completó su presidenta, Conchi Pérez. Es, también, la impulsora de la Asociación Vecinal de Abres y sabe de lo que habla. Ayer obtuvo el reconocimiento de ese terreno pero «hubo un momento en el que vino un técnico del Principado, no sabemos con quién habló, pero se marchó diciendo que el monte era 'no existente'». La entidad estará «vigilante» para que la consejería siga avanzando y anticipa que está ultimando la documentación para presentar una veintena más de peticiones.

Mediante un comunicado, la consejería describió el paso dado como parte del «plan de choque de clarificación de los recursos forestales», cuyo objetivo sería dar «seguridad jurídica y favorecer los procedimientos de concentración y ordenación de montes públicos y privados». Su intención es avanzar en esta devolución de los terrenos en los casos en los que encuentre argumentos jurídicos para ello con la idea de que «ello contribuirá a generar riqueza y empleo, así como a favorecer la prevención de los incendios forestales».

En una entrevista con este periódico el consejero, Alejandro Calvo, apuntó que tocaba revisar los antecedentes de cada monte «porque todo no es blanco ni negro» y dijo que esos exámenes jurídicos serán los que determinen si procede la «devolución o consolidación, según el caso».

Lo cierto es que el proceso, esta vez, parece lanzado. Entre las distintas figuras de posesión de una explotación forestal, la Ley de Montes autonómica reconoce dos no individualistas y ligadas a la historia de la región: los montes comunales y los vecinales. Los primeros están en manos de las entidades locales, sean concejos o parroquias. Los segundos «pertenezcan a agrupaciones vecinales en su calidad de grupos sociales y no como entidades administrativas», según especifica la norma. Se trata de terrenos que históricamente eran aprovechados por «los vecinos con casa abierta a humos o residencia habitual», según la definición.

En su preámbulo, esa Ley de Montes autonómica de 2014 reconocía como una de sus razones de ser la de «acomodar a la realidad actual y a las exigencias que imponen la moderna economía» una «vieja institución» asturiana como son los montes en mano común. Tras la aprobación de la norma, poco más se avanzó. Los juristas consultados creen que en realidad hubo poco interés político en facilitar una figura que rompe con una gestión homogénea, con la virtud de acercarla a los vecinos.