El Principado desahució a 47 inquilinos de viviendas públicas durante la pandemia

«Ninguna persona vulnerable ha sido ni será desahuciada porque cumplimos escrupulosamente la ley». «Se ejecutaron 31 desahucios en 2020, aunque en 23 de los casos la vivienda estaba vacía, y otros 16 en 2021, con ocho de las viviendas vacías». Entre ambas frases, pronunciadas ambas por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar Social, han pasado una semana y un matiz. Los siete días que separan al rifirrafe mediático entre Melania Álvarez y el portavoz de Podemos Rafael Palacios tras la denuncia pública del diputado el martes pasado. Y el matiz es que la consejera socialista insiste en que «ninguna persona vulnerable ha sido ni será desahuciada porque cumplimos escrupulosamente la ley», la que garantiza la prórroga de los contratos a colectivos vulnerables hasta el fin del estado de alarma.

«Le agradezco que reconozca que Vipasa desahucia, a pesar de que dijo que yo mentía. Vipasa, además de ser el peor casero de Asturias, además, desahucia» le espetó Palacios a Álvarez en el transcurso del debate plenario celebrado ayer en la Junta General del Principado. Una sesión en la que la actuación de Vipasa, la empresa que gestiona el parque público de viviendas en Asturias, volvió a ser muy cuestionada. En esta ocasión las voces críticas fueron las del citado diputado, así como la de la portavoz del PP Reyes Fernández Hurlé.

El primero criticó el desahucio «de personas en situación vulnerable en plena pandemia», mientras que la segunda considera que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar «está desbordada», tras aumentar «un 83% las quejas de los inquilinos de Vipasa».

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar insistió en que «el Principado cumple la ley que impide que ninguna persona en situación de vulnerabilidad sea desahuciada y apuntó en que, en los últimos cuatro años, «se han firmado más de 1.200 acuerdos para el aplazamiento de los pagos».

Una versión que no convenció al portavoz de Podemos, quien le preguntó si «lee usted las cartas de desahucio que firma», ya que puso como ejemplo dos casos: «una mujer, de 23 años, desahuciada tras fallecer su madre de cáncer y otra, víctima de violencia de género, con hijos e ingresos inferiores a 700 euros».

La consejera socialista, visiblemente enfadada, le dijo que «frente a la demagogia, nosotros aplicamos el rigor en la gestión de la público». Aseveró que «si Asturias tiene el segundo mayor parque de vivienda pública del país es gracias al esfuerzo de la sociedad asturiana y de los inquilinos que sí pagan». En ese sentido, recordó que la renta media es «de 79 euros» y que no está dispuesta a «mirar para otro lado con un impago de 61 recibos de una renta de 24 euros».

Frente a estas palabras, el portavoz de Podemos mostró una queja del Defensor del Pueblo contra la gestión de Vipasa, documento que también respaldó Reyes Fernández Hurlé.

La diputada del PP considera «evidente que su consejería está desbordada» y que «hay un problema en la gestión cuando llegan informes contrarios del Defensor del Pueblo, de la Sindicatura de Cuentas y las quejas de los inquilinos crecen un 83%». Según detalló, «no estamos hablando de que les guste más una iluminación o un color, sino de problemas de grietas, humedades, plagas de cucarachas o calefacción que no funciona».

La consejera, sin embargo, criticó que «aprovechen ustedes la polvareda» y no reconozcan los dato «como las 500 viviendas reparadas y vacantes que hemos puesto a disposición de las personas que lo necesitan».