El Principado denuncia ante la Fiscalía a un geriátrico por «maltrato» a los residentes

Así lo confirmó ayer la consejera Melania Álvarez durante una entrevista concedida a la TPA. Aseguró ella que «el supuesto caso de maltrato está en la Fiscalía y suspendido hasta que el fiscal resuelva las diligencias penales». Aunque no quiso precisar el concejo donde se ubica la residencia, sí dejó claro que es uno de los expedientes más graves de los tramitados por el Principado.

A ellos se suman dos procedimientos abiertos contra otros dos centros, uno de ellos con doble sanción. Fuentes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar explicaron que se trata de multas desde 3.005 euros a 6.010 por apertura sin autorización o por graves irregularidades detectados en el centro.

Estos tres expedientes sancionadores son fruto, explicó la consejera socialista, del plan de inspecciones que se puso en marcha «a finales de julio de 2020». La idea era revisar todas los centros residenciales para mayores abiertos en la región y, según sus cifras, el programa de control se llevó a cabo en 264 centros. Se visitaron tanto geriátricos como residencias para personas con discapacidad.

El impulso llegó tras las quejas generadas por los brotes de covid detectados en las residencias, así como las diferentes respuestas de cada centro ante la pandemia. Llegaron a presentarse denuncias ante la Fiscalía, desde grupos políticos y usuarios, pero quedaron archivadas. Tras las visitas, los inspectores han puesto en marcha expedientes para «siete correcciones por incumplimiento», que se refiere a notificaciones por fallos como defecto en materiales, falta de personal o similar. Asimismo, se comprobó el cierre efectivo de diez geriátricos que causaron baja tras la pandemia.

Además de las actuaciones de oficio realizadas por el equipo de inspección, la Administración regional recibió un total de 30 denuncias de familiares de usuarios de centros residenciales para mayores. Según explicaron fuentes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, del total de denuncias «tres de ellas fueron remitidas a la Fiscalía para la apertura de diligencias», ante los hechos denunciados.

De hecho, de las treinta presentadas, veintidós «están en trámite» y solo dos «resultaron archivadas». Una ha derivado en apertura de expediente sancionador, otra en «requerimiento por remisión de Inspección de Trabajo» y la última «una petición de informe de actuaciones».