RAMÓN MUÑIZ
GIJÓN.
Domingo, 12 de diciembre 2021, 00:59
Cabueñes no es un caso aislado. El Principado lleva desde 2015 con una partida en presupuestos dedicada a reservar dinero para la ampliación del hospital. Van 18,5 millones metidos en ese fondo sin que se haya movido un ladrillo. Primero hubo retrasos porque ... había que reajustar el proyecto, luego el problema vino por la titularidad de las parcelas, al final el contrato de obra salióa precios tan bajos que nadie quiso acudir a la puja. El dinero queda sin gastar y al término de cada ejercicio sale del control de la Consejería de Salud y regresa a la de Hacienda, en forma de ahorro (remanente, en el argot presupuestario).
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Cabueñes es el último gran proyecto fallido pero el Principado viene evidenciando que gastar no es tan fácil, y que cada vez le cuesta más cumplir sus propios presupuestos. Según el seguimiento que viene haciendo la Federación asturiana de empresarios (Fade), en el quinquenio de 2011 a 2015 la Administración regional lograba materializar el 90,2% de las inversiones anunciadas a inicio de año. Entre 2016 y 2020 la realización se desplomó al 75,6%. En total esa última década de balances cerrados se utilizaron 4.062 millones de gasto productivo y quedaron otros 682,7 sin ejecutar.
La preocupación se ha extendido entre los agentes sociales al comprobar que la dinámica va a más. El pasado curso se anunció un gran impulso al gasto de capital, subía hasta los 365,76 millones, casi 20 más que en 2019, pero al final el 34,3% quedó sin aprovechar. Fueron 125,3 millones que volvieron a las arcas, un balance «nefasto», según calificó el viernes la presidenta de la Fade, María Calvo.
Cabe alegar que el pasado fue el año del confinamiento, que tener a parte de la plantilla en casa ralentizó a la administración y complicó que salieran adelante los expedientes, que la prioridad estuvo en atender la pandemia. Lo que está inquietando a los agentes sociales es comprobar que este curso la historia se repite. A 1 de noviembre de 2021, el sistema contable del Principado consideraba que el 75% de la partida de inversiones reales sigue sin gastar. El año pasado por las mismas fechas era el 72% el que esperaba por las facturas; en 2019 quedaba el 60%. Es cierto que la mayoría de los recibos se consiguen pasar en la recta final de cada curso, pero también que en privado el Gobierno regional reconoce que a estas alturas el objetivo es terminar el curso al menos con los porcentajes de 2020.
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«El papel lo resiste todo; sean exigentes con la ejecución», imploró el viernes en la Junta General Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. «Les propongo un reto colectivo; hagamos que los presupuestos de 2022 con independencia de la valoración más o menos positiva que se tenga sobre los mismos, se haga realidad; que se ejecuten de forma eficiente en un altísimo porcentaje», completó María Calvo. A la patronal ya le vale con eso. «Con ese objetivo cumplido, nada fácil por cierto, gran parte de los defectos que pudiera tener el presupuesto, a nuestro juicio, se verán notablemente atenuados», justificó.
La hemeroteca de proyectos demorados es abundante. Para recargar los bloques del puerto de Lastres se consignaron 2,66 millones entre el pasado año y este; es un proyecto que finalmente no empezará a materializarse hasta el curso que viene.
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En 2017 el Ejecutivo regional encargó a Berenguer Ingenieros la misión de redactar un 'Proyecto de dragado y construcción del muelle pesquero con surtidor de combustible en el puerto de Luanco'; el encargo lo hizo de forma directa, por contrato menor, lo que daba esperanza de que la cosa iría rápido. Los presupuestos de 2019, 2020 y 2021 han ido reservando dinero para una actuación que no empezará hasta el curso que viene. En total un trabajo que requiere nueve meses y medio de faena y un máximo de 1,9 millones habrá pasado antes cinco años de trámites previos y dejado 2,46 millones consignados en ejercicios anteriores sin utilizar.
Otro clásico son las 8.300 toneladas de cal que una empresa acumuló en La Bérvola (Llanera). El dueño fue condenado en 1999 y como no retiró el material, al final se requirió al Principado que lo hiciera. Desde 2015 reserva dinero para acabar esa labor.
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