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RAMÓN MUÑIZ
Miércoles, 13 de febrero 2019, 03:47
La mayoría de coches, trenes, ciudadanos y empresas están en el área central, espacio gobernado por una veintena de alcaldes, el Principado y la administración periférica del Estado. No hay un foro que reúna a esos representantes públicos y tirar cada uno por su ... lado está generando «competencia entre municipios» así como «duplicidades de equipamientos y decisiones de localización de instalaciones públicas erróneas».
Así lo reconoce el 'documento de propuesta' de 123 folios que el Principado distribuyó entre los seis consistorios más poblados, con los que lleva un año buscando soluciones. Tomando como referencia experiencias de Estados Unidos, Suiza, Alemania, Portugal, Francia e Italia, y tras estudiar los casos de Barcelona, Vigo, Madrid, Valencia y Bilbao, los técnicos propusieron una salida: sentar a todas las administraciones en una 'conferencia metropolitana', en la que discutan cómo solventar esas ineficiencias y ser más competitivos. La forma en la que se adopten las decisiones y el contenido de las mismas la dirán unos estatutos aún por escribir.
Para dar forma a todo el Principado propuso un convenio. Tras varios tiras y afloja, el borrador compromete a fijar unos estatutos antes de cuatro años. El resto de sus 12 folios son un canto a «respetar el ejercicio legítimo por las otras administraciones de sus competencias» y un recordatorio de que lo que se busca es una mejor coordinación. Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo han dado su visto bueno, descolgándose de él Oviedo. La principal disputa es que adelanta una fórmula donde bastaría que el Principado se ponga de acuerdo con dos consistorios para avanzar.
En puridad, el área central así concebida es poco más que una mesa donde se reúnen los representantes para coordinarse. La utilidad la determinarán los acuerdos que logren. Sin embargo, la misma idea de coordinar administraciones y políticos distintos, y conseguir un foro que estaba ideado en el estatuto de autonomía de 1981, alimenta su propia discurso.
El 'documento de propuesta' abunda en ello. Asegura, por ejemplo, que «el desarrollo de políticas que impulsen, regulen, orienten y ordenen el crecimiento que está emergiendo en el centro de Asturias es crucial por varias razones» y explicita, entre las tres de más peso, la siguiente: «Es el único modo de invertir la tendencia de pérdida de la población».
«Podemos decir que la Asturias actual ya no tiene ni un problema de infraestructuras, ni de suelo industrial, ni de equipamientos», manifiesta. «La cuestión demográfica debería ocupar un lugar prioritario en el caso de Asturias», resitúa. La «mayor parte de la literatura» en la materia coincide en señalar «a las grandes aglomeraciones urbanas, ya sean metrópolis, mega-regiones urbanas o conurbaciones, como una de las pocas realidades plenamente capaz de generar una dinámica de atracción de población joven y cualificada».
Impedir que los polígonos y urbanizaciones se sigan desparramando por el territorio e ir a un urbanismo más compacto «facilita la fluidez de contactos y actividades»; en esas condiciones «es más sencillo que arranquen procesos de emprendimiento y la capacidad creativa se dispara».
Asturias va en dirección contraria. «Es importante corregir lo antes posible esta tendencia a través de una planificación urbanística que actúe en contra de la dispersión urbana», anima. Tener viviendas y centros de trabajo cada vez más distantes obliga a un uso mayor del coche y dificulta redes eficientes de transporte público. De persistir en esa senda, «asistiremos a una invasión del medio ambiente y una degradación del paisaje rural asturiano» y se producirán «importantes problemas urbanos en un futuro no demasiado lejano».
La urbanización difusa -destaca el estudio- reduce «el 'salario indirecto' por los costes de desplazamiento al trabajo y a los servicios esenciales», facilita la gentrificación y segregación de barrios en función de su renta, el «envejecimiento poblacional y emigración de mano de obra joven cualificada». También «el incremento de la carga impositiva consecuente al aumento de costes de las redes de transportes, abastecimiento y saneamiento».
Además de coordinarse y reordenar el urbanismo, el texto cree que dar este paso supone «un elemento catalizador de ilusiones, políticas y proyectos», algo que juzga urgente.
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