El Principado declara la guerra a la obesidad, adicciones y conductas suicidas en los colegios

Una ley que parte del conocimiento actual de la importancia de la salud mental, los hábitos alimenticios saludables y el impacto físico escolar y del convencimiento de que «la salud es un derecho fundamental y un determinante esencial para el desarrollo integral de los estudiantes, afectando no solo a su rendimiento académico, sino también a su calidad de vida presente y futura».

Los objetivos generales se deberían concretar en centros educativos libres de sobrepeso y obesidad, de caries, de enfermedades transmisibles, especialmente de transmisión sexual, de conductas suicidas, de adicciones, de violencia de género, de lesiones y violencia... Porque para todos esos aspectos se pondrán en marcha medidas de prevención, según indica el borrador.

Ante el acoso, planes de convivencia (ya existen y son obligatorios para todos los centros); ante las adicciones, «actuaciones de prevención ante los consumos de sustancia psicoactivas y otras adicciones comportamentales», priorizando la prevención del consumo de drogas, las ludopatías y «el abuso de dispositivos y tecnologías de la información y comunicación». Ante el sobrepeso, promoción de una alimentación saludable, práctica de la actividad física y control de los comedores escolares, así como de las máquinas expendedoras.

En cuanto a la prevención de las enfermedades transmisibles, el anteproyecto de ley lo considera una «prioridad» y se establecen medidas de formación a la comunidad educativa en relación con dichas enfermedades, «sus mecanismos de transmisión y los métodos conocidos más eficaces para prevenir», así como protocolos de «vigilancia y detección precoz de focos de infección en los centros docentes». Se recoge, como medida excepcional ante «motivos de extradordinaria gravedad o urgencia» la posibilidad de suspender, total o parcialmente, la actividad lectiva presencial, la suspensión del servicio de transporte o comedor escolar o la separación física del alumnado (medidas que ya vivieron los centros escolares durante la pandemia de la covid).

La ley prohibirá que haya actividades extraescolares patrocinadas por «empresas cuyos productos no sean saludables, quedando excluida cualquier colaboración con empresas de tabaco, de bebidas alcohólicas, juegos y apuestas». También se tendrán en cuenta los «riesgos potenciales para la salud derivados de fenómenos globales asociados al cambio climático, de catástrofes naturales o causadas por la actividad humana».

Se contempla la creación en la Consejería de Educación de una unidad de problemas graves de salud, «dependiente de un órgano especializado de orientación educativa, externo a los centros docentes», que básicamente coordinará la labor con los alumnos que precisen atención domiciliaria u hospitalaria.

Asturias contaba con una ley de Salud Escolar, pero databa de 1984, y desde entonces «se ha experimentado una profunda evolución en la comprensión sobre la conexión entre la salud y el entorno educativo». Por eso, se ha decidido elaborar un nuevo marco legislativo que recoge los derechos y deberes en el ámbito de la salud escolar, el funcionamiento de las Comisiones de Salud de los centros y añade competencias al coordinador de bienestar y protección del alumnado.

«Es inconcebible que una ley con la que se pretende dotar al Principado de una legislación moderna y ajustada a las necesidades de la sociedad actual no recoja la figura de la enfermera escolar». Belén García, secretaria general de SATSE en Asturias, es crítica con el proyecto de ley y con la principal carencia que, a su juicio, tiene el texto. «La enfermera escolar es una figura que no solo defiende nuestro sindicato, sino que está avalada por la OMS y por otros organismos internacionales, que han evidenciado los numerosos beneficios que supone contar en los centros escolares con este profesional sanitario». El sindicato de enfermería no oculta «nuestra sorpresa ante la ausencia de cualquier referencia a la enfermera escolar, mayor si recordamos que el propio Parlamento asturiano aprobó una proposición no de ley defendiendo su implantación».

Belén García considera que la enfermera escolar es «una asignatura pendiente en nuestro sistema sanitario y educativo, que lleva años consolidada en otros países». La enfermera escolar, dicen, no solo prestaría una labor asistencial y de cuidados, sino también podría detectar conductas y hábitos de vida no saludables, interviniendo en «problemas de salud, trastornos de conducta alimentaria, consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, la violencia o la discriminación».

También en el mundo educativo preocupa esta ausencia. El sindicato ANPE ha sido especialmente reivindicativo con la figura de la enfermera escolar. Tras leer el proyecto, Gumersindo Rodríguez se muestra preocupado ante la posibilidad de que «sea el coladero que obligue a los profesores a administrar medicamentos a sus alumnos, bajo el subterfugio del cuidado y la colaboración en la salud de los escolares», algo que ANPE «rechaza rotundamente». El sindicato lleva años reclamando la figura de la enfermera escolar «para que la administración de medicamentos y otros cuidados de salud los atienda un profesional sanitario».