El Principado deberá convertir en funcionarios a 4.000 interinos

La nueva Ley nacional de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en cumplimiento con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, prevé concursos de méritos, sin oposición, para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años. Un proceso selectivo que, si bien es abierto, busca favorecer que los interinos que permanezcan en el mismo puesto desde enero de 2016 puedan convertirse en funcionarios sin necesidad de someterse a un examen de oposición, y reducir de este modo la alta tasa de temporalidad que existe en la Administración pública.

El objetivo es que esta tasa no supere el 8%, un reto que parece especialmente complicado en una Administración como la asturiana, en la que esta tasa supera ahora el 44%. La nueva norma, además, no solo afectará a la Administración regional, incluyendo a empresas y entes públicos, también a todos los ayuntamientos, donde la situación no es mucho más halagüeña, y a la Universidad de Oviedo.

La Consejería de Administración Autonómica deberá concretar la cifra de interinos afectados, ahora aproximada, para fijar, antes del próximo 1 de junio, el número exacto de plazas que se van a ofertar en base a la nueva ley nacional. Luego, según la misma normativa nacional, tendrá de plazo hasta el 31 de diciembre para realizar las respectivas convocatorias, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024.

El concurso de méritos será abierto a cualquier persona, si bien la idea es que la experiencia de los interinos que llevan ocupando estos puestos más de cinco años pese especialmente en el baremo de méritos. Algo que ha generado polémica por ambas partes. Los interinos afectados, aunque se benefician de la normativa, no tienen garantizada la plaza, tal y como demandaban, y aquellos que han accedido al funcionariado a través de un concurso de oposición, así como los que se preparan para este tipo de exámenes, se consideran discriminados.

Desde el Principado argumentan que se trata de un imperativo legal en cumplimiento de varias sentencias para acabar con la interinidad y acatan el mandato que, según los cálculos iniciales, afectaría a unos 4.000 de los casi 18.000 interinos que tiene la Administración regional, principalmente en sanidad y educación. No obstante, entre los exactamente 17.723 interinos que existen en la Administración regional -según los últimos datos actualizados a 1 de enero- se incluyen plazas que, por su naturaleza, no son susceptibles de ser estabilizadas porque no corresponden a puestos estructurales. Por ejemplo, sustituciones o contrataciones por encima de la plantilla habitual que se realizan de forma temporal, como los refuerzos en sanidad para hacer frente a la covid.

La queja habitual de los sindicatos, sin embargo, es que la Administración no es honesta a la hora de establecer cuáles son plazas estructurales y cuáles no y piden que se tengan en cuenta todas las plazas con asignación presupuestaria afectadas por los criterios que marca la ley, y no solo las que aparezcan en las relaciones de puestos de trabajo. Y también que se tenga en cuenta la singularidad de cada área. Por ejemplo, denuncian que en Educación hay muchas plazas cubiertas durante años de forma interina que no son consideradas plazas estructurales porque su contrato se renueva cada curso escolar. Los representantes de los trabajadores advierten, por lo tanto, que pedirán explicaciones por cada plaza que, estando ocupada durante cinco años de forma temporal, no se incluya en esta oferta.