El Principado contratará a 20.000 nuevos empleados públicos en la próxima década

Cofiño impartió una conferencia titulada 'la administración como palanca del cambio económico' en la que hizo repaso a la reforma que quiere dar al sector público, que afecta al personal y la legislación. Sobre los recursos humanos, indicó que la Ley de Función Pública autonómica data de 1985 y precisa una reforma. «Queremos una administración con mayor flexibilidad y movilidad, es vital», dijo. La pandemia supuso cargas de trabajo sobrevenidas en determinados departamentos que se vieron con miles de expedientes por ayudas y sanciones, y la normativa actual complica las opciones de pasar al personal de un área a otra para sacar adelante ese trabajo. «Queremos un modelo de administración pública que se parezca en algo al modelo retributivo del sector privado, que haya cierta variabilidad en las retribuciones en función de los objetivos», indicó. Además apostó por regular el teletrabajo, «que ha venido para quedarse».

En el corto y medio plazo, sus objetivos pasan por «dar estabilidad» a la plantilla, lo que obliga a acometer procesos que llevan lustros enquistados. Entre ellos destacó el concurso de méritos recientemente desbloqueado y que «movilizará a 1.200 personas que son jefes de servicio, de sección, es decir, una parte sustancial de al administración». Este «macroconcurso va a desestabilizar el funcionamiento de la administración», reconoció, pero es la forma de ponerse al día y hacer en adelante «concursos parciales» con menos volumen de trabajadores, justificó.

Entre los problemas inmediatos «el debate por excelencia se llama interinidad», admitió. «Las administraciones hemos acumulado tasas de temporalidad que no son buenas para nadie, ni para el empleado que no tiene un proyecto de futuro, ni para la administración, a la que no le supone siquiera una ventaja económica», cuestionó. «Nos tomaremos un tiempo, pero no vamos a parar», comprometió. Según su análisis, la temporalidad se disparó con la gran recesión de 2007, cuando a las administraciones se les acotó la capacidad de sacar oposiciones, «y se echó mano de la contratación temporal».

«Eso explica este proceso acumulativo en el que tenemos que deshacer el camino andado y en eso estamos», reconoció. Juan Cofiño reconoció la complejidad de «conciliar los derechos de los que ya están, reconocerles ese trabajo, y el derecho que tiene cualquier persona a acceder al empleo público». En ese campo «adolecemos de seguridad jurídica, incluso la jurisprudencia es variante y cambiante, titubeante», anotó. «Pero no nos vamos a detener, no nos vamos a arrugar», reafirmó durante una conferencia organizada por el Executive Forum de España.

La charla fue presentada por el director de la entidad, César Chiva, y contó con el director territorial de Vodafone, Juan Manuel Navarro, empresa que dijo contribuir con «75 millones a la economía asturiana y 300 puestos de trabajo». El director territorial se interesó por los planes del vicepresidente para facilitar el crecimiento económico.

En el capítulo regulatorio Cofiño criticó la «hipertrofia normativa» y apostó por una revisión «que no suponga desregular, pero sí regular mejor, de forma más simple, fácil para todos». Según su análisis, parte de los controles actuales son «respuesta a los episodios de corrupción; la respuesta fue contundente en términos de regulación» pero ahora pide buscar un equilibrio. En ese sentido, aseguró que la vigente Ley de Contratos del Sector Público «es probablemente la peor de todas, paraliza en general y no ayuda a nadie». En materia ambiental puso en la diana «los procesos participativos recurrentes que nada aportan; no quiero sesgar la participación pero en ocasiones es excesiva, cansina». En lo tocante al Patrimonio Cultural lamentó las figuras de protección «como los BIC que sin recursos para gestionarlos ni posibilidad de gestión, terminan en parálisis».