El Principado cerrará el año con una disminución del 43% en la lista de espera de la dependencia

Así lo refleja el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la fundadora del Observatorio de la Dependencia, entidad que vigila con carácter semestral el cumplimiento de la Ley de la Dependencia desde su puesta en marcha, en 2007.

De hecho, es el balance correspondiente a los diecisiete años de vigor de la norma el que destaca el esfuerzo realizado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en el último año. De acuerdo a sus datos, Asturias empezó diciembre con 32.408 expedientes positivos de la dependencia, aunque solo 30.849 eran casos en los que la ayuda ya estaba concedida. Es decir, hay 1.559 asturianos que saben que tienen derecho a una ayuda, pero aún no la reciben.

Sumados estos casos a los de las personas que esperan para ser valoradas, la espera total asciende a 8.442 personas. Los motivos para el recorte han sido los planes de choque puestos en marcha tanto por el Principado, como por el Gobierno central, así como la agilización de los procesos puesta en marcha por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Un proceso en el que, no obstante, el Observatorio de la Dependencia pone pegas a Asturias. Entiende que se encuentra el Principado entre las comunidades «que han hecho caja con la dependencia», al no destinar a la ley la totalidad de la partida aprobada por el Gobierno central. Junto a Asturias, también están entre las 'deudoras' las comunidades de «Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Valencia, Extremadura, Castilla y León, Murcia, Galicia, Canarias y Andalucía».

El presidente de la entidad, José Manuel Ramírez, lamenta que diecisiete años después de entrar en vigor la ley, «cada doce minutos fallece una persona a la espera de ayuda. Cada año fallecen 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia. De ellos, 19.661 a la espera de resolución de grado y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos. Esto supone que 124 personas mueren cada día sin atención».

Unos números estos que no son los únicos del balance que la entidad ha realizado sobre la evolución de la Ley de la Dependencia en España en el último año. «Diecisiete años después, a pesar del avance que ha supuesto esta ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, sus limitaciones de financiación y la complejidad de los procedimientos en algunas comunidades hacen que su potencial siga sin desarrollar».

El principal problema es la lista de espera. «En España hay ahora 162.411 personas en esa situación», por lo que «se tardarían once años en lograr la plena atención». Porque la espera sigue superando los plazos que marca la propia ley y que habla de seis meses entre que se solicita la valoración y se recibe realmente la ayuda. «Estamos en 323 días de tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia», afirma Ramírez, quien señala a cuatro comunidades «que superan los doce meses: Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia».