El Principado se blinda ante la ofensiva del PP de rebajas de impuestos y mantiene su modelo fiscal

Según confirmaron ayer a EL COMERCIO fuentes del Gobierno autonómo, la senda de las deducciones se mantendrá esta legislatura. De hecho, está previsto que hoy exponga en la Junta General su programa fiscal el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Será el segundo miembro del Consejo de Gobierno, tras la vicepresidenta Gimena Llamedo, que acude al Parlamento para exponer el programa de gobierno de su área de gestión. En los próximos días comparecerán el resto de consejeros.

El modelo fiscal del Gobierno que preside Barbón se puso en marcha la pasada legislatura con una serie de deducciones fiscales que, como él mismo afirmó el día que se presentaron los presupuestos del presente año, «beneficiarán al 94% de los asturianos». Entre las medidas aprobadas se encuentran una deducción de 300 euros por hijo a cargo de hasta 25 años; 1.000 euros por emancipación de jóvenes de hasta 35 años; 500 euros por el acogimiento de mayores de 65 años; mil euros por hijo nacido o adoptado; 1.000 euros para familias numerosas o 500 euros para familias monoparentales.

La vía asturiana también incluye una batería de ayudas directas, como, por ejemplo, los 1.200 euros por nacimiento del primer hijo; 1.700 por el segundo hijo y sucesivos o 1.500 euros para el cuidado de menores de tres años en aquellos concejos donde no existan escuelas infantiles públicas o, existiendo, no se tenga acceso a una de las plazas ofertadas.

Esta será la línea que el Principado mantendrá esta legislatura. Es decir, continuar con su política de deducciones fiscales y ayudas directas en lugar de bajadas o, como es el caso de alguna comunidad, supresión de tributos. El Gobierno autónomo considera que este modelo es más «justo» que el que defiende el PP, con bajadas generalizadas de impuestos, sin discriminar tramos de rentas de las familias. Ya el presidente del Principado el pasado mes de febrero afirmaba que «la fiscalidad asturiana se basa en que paguen más los que más tienen. En deducciones directas. Nuestra vía fiscal es la más justa porque la justicia social solo tiene un camino: la justicia fiscal», aseveró Barbón entonces.

En el lado contrario está el modelo del Partido Popular, que una vez aumentando notablemente su poder autonómico ha intensificado su ola de rebajas fiscales. Hace unas pocas semanas, Margarita Prohens, presidenta de Baleares con el apoyo de Vox, dijo que «es urgente bajar los impuestos a las familias en un momento en el que todo sube». Y ella ha sido una de las nuevas presidentas autonómicas en anunciar rebajas fiscales: supresión de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos y el tributo que grava la transmisión patrimonial.

Baleares abrió la espita, que ya siguen otras comunidades. En Aragón, donde el popular Jorge Azcón gobierna teniendo como socio a Vox, se ha prometido rebajar el tramo autonómico del IRPF; disminuir Sucesiones y Donaciones de forma progresiva hasta su mínimo legal y elevar el mínimo exento de Patrimonio. En Cantabria, la popular María José Sáenz de Buruaga, quien rompió ocho años de hegemonía del regionalista Miguel Ángel Revilla, ya ha anunciado que el próximo presupuesto incluirá bajadas de impuestos, aunque no detalló cuáles. Ya lo ha hecho en Extremadura María Guardiola, que rebajará el tramo autonómico del IRPF y suprimirá el impuesto de Patrimonio.

Todas estas rebajas siguen el camino que hace cuatro años emprendió en Madrid Isabel Díaz Ayuso, con una política basada en importantes rebajas fiscales y supresión de impuestos. «Seremos el laboratorio liberal del PP», dijo en agosto de 2019 cuando presentó su modelo fiscal, que pasaba por la «mayor rebaja fiscal de la historia». Para esta legislatura que arranca, la presidenta madrileña anuncia nuevas ventajas fiscales. Al igual que Canarias y la Comunidad Valenciana, donde se dejará de tributar por Sucesiones y Donaciones.

Esta ofensiva fiscal popular tendrá como trasfondo, también, la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Y los planteamientos que algunas comunidades, como la madrileña o la valenciana, que defienden una mayor aportación del Estado en los fondos que reciben, generan un debate en torno a una pregunta: ¿cómo se puede pedir más dinero al Estado para sufragar los servicios a la vez que en sus territorios se apuesta por una bajada de impuestos? «No tiene por qué haber contradicción -afirmaba ayer en 'El País' el economista asturiano Ángel de la Fuente, director de Fedea-. El sistema reparte recursos a igual esfuerzo fiscal. Luego, con lo que le toca, cada uno puede construir la cesta que más le guste de servicios e impuestos».

Y pone como ejemplo Asturias y Madrid: «Asturias, por ejemplo, opta por impuestos altos para financiar más servicios y más redistribución y Madrid, por lo contrario. Tan legítima es una cosa como la otra», añade De la Fuente.

El Gobierno de Asturias, por contra, sí ve una contradicción en apostar por una bajada de impuestos y a la vez pedir más dinero al Estado. El consejero de Hacienda del Principado lo dijo el pasado 10 de agosto en su visita a la Feria de Muestras. Allí, Guillermo Peláez defendió la armonización fiscal entre comunidades autónomas. y arremetió contra la política de bajadas fiscales del PP y, en especial, de la presidenta madrileña Díaz Ayuso. «Sería necesario abrir el melón de la armonización fiscal de los tributos cedidos, ya que estamos viendo comunidades autónomas con gobiernos recientemente constituidos por esa alianza estratégica del PP con la extrema derecha que por la mañana anuncian a bombo y platillo pomposas reducciones de impuestos y por la tarde le están pidiendo a 'papá' Estado más recursos para realizar sus políticas».