El Principado asume que Asturias bajará del millón de habitantes en 2023

O no se están ejecutando, o no están bastando. Asturias está justo a medio camino de los diez años del plan y el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que el 1 de enero lo comenzó con 30.461 habitantes menos que en 2017. La región queda a solo 4.499 vecinos de tener menos de un millón de habitantes.

El Gobierno regional «no mira hacia otro lado» y asume que de esa barrera se bajará «el próximo año». Así lo expresó ayer la portavoz del Ejecutivo autonómico, Melania Álvarez, quien defendió que «desde el inicio de la legislatura» se han aprobado medidas para hacer frente al reto demográfico. Entre ellas recordó los beneficios fiscales para el transporte de quienes estudian viviendo en una zona despoblada, la compra de vivienda en las mismas parroquias y el cheque-bebé.

Esta ayuda se activó por primera vez este año y es de mil euros por hijo nacido en familias con ingresos anuales que no pasen de los 45.000 euros. Hay 3,5 millones reservados a este programa en el presente curso y, según detalló Álvarez, por ahora se han recibido 549 solicitudes.

Además de estas medidas de estímulo, el Gobierno regional se ha puesto manos a la obra para, en vez de actualizar el Plan Demográfico, ir ahora a una norma con rango de ley que imponga medidas en el mismo sentido. «Está conformado un grupo transversal de ámbito autonómico», concretó Álvarez. Está dando «los primeros pasos», algo que suscita dudas sobre las opciones reales que tiene el texto de salir adelante dentro de una legislatura ya en su recta final y con el parlamento autonómico gestionando un atasco de iniciativas.

«Si fuera una cuestión solo del Gobierno podríamos decir que está en plazo», expresó la portavoz. Álvarez cree que lograr la aprobación «no depende de la celeridad del Gobierno, sino de la celeridad parlamentaria». En todo caso «el objetivo es que se aplique cuanto antes», anotó.

Álvarez respondió a estas interrogantes tras un Consejo de Gobierno en el que se aprobó el decreto que crea la Rede de Normalización Llingüística. Se trata de un órgano nuevo, colegiado, de adhesión voluntaria y que asesorará a las administraciones en la promoción del asturiano y el eonaviego (o gallego-asturiano).

También participará en los procesos selectivos en los que se evalúen los conocimientos en estas lenguas, y en la planificación de cursos que instruyan en el manejo de las mismas. La red funciona desde 2001, por iniciativa municipal, pero carecía de un marco regulatorio.