El Gobierno de Asturias inspecciona sus servicios de Turismo, Infancia y Dependencia

Así las acciones de Inspección previstas incluyen «la gestión de la Viceconsejería de Turismo, dado el crecimiento del sector y la reciente creación del Servicio de Inspección y Disciplina». Ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, que la decisión se debe simplemente a esos dos motivos.

El análisis del servicio llega cuando las cifras han confirmado la tendencia de los últimos tiempos: que el turismo urbano ha desbancado a la oferta rural, que pierde cientos de clientes y estancias.

La inspección llegará también a dos áreas dependientes de la Consejería de Derechos Sociales, con Marta del Arco al frente, que se acaba de salvar de una reprobación en la Junta General. Se trata de la Dirección General de Infancia y Familias, «con el objetivo de mejorar la tramitación de expedientes», así como al servicio autonómico de atención a la dependencia, «para garantizar su eficacia y adecuación a las necesidades de la población».

Guillermo Peláez ha insistido en que se trata de una «planificación ordinaria» que no responde a ningún debate reciente y que las intervenciones «ya estaban previstas». La cuestión es que en las últimas semanas son varios los asuntos que han salido a la luz pública y han puesto en duda la gestión de la consejería. Por ejemplo, la falta de comida y productos higiénicos en los centros de menores, y también en escuelas infantiles y centros para personas con discapacidad. El foco se ha puesto en el pago de los suministros.

Junto a eso, la polémica por el proceso de funcionarización del colectivo de educadores. Y los brotes de sarna en centros de menores. Respecto a la situación de la atención a la dependencia, el Observatorio dela Dependencia acaba de 'suspender' a Asturias, donde 1.415 personas han muerto a la espera de las ayudas. El informe concluye que ni la figura del cuidador familiar ni la teleasistencia están respondiendo a las necesidades que hay en Asturias.

Sea como fuere, el Gobierno regional defiende que «el Plan de la Inspección General para 2025 reafirma el compromiso del Gobierno de Asturias con la mejora de los servicios públicos y la optimización de los recursos». El propio plan establece que en el plazo máximo de un año tras haber finalizado las actuaciones previstas, «las unidades revisadas deberán informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas».