El Principado, condenado a pagar a una empresa del 'caso Renedo'

La historia se remonta a abril de 2011. El administrador de hecho de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, ponía al día sus cuentas y la empresa remitió un requerimiento a Educación reclamando el abono de tres facturas.

La primera ha sido desestimada. Pedía dinero por un mobiliario del Campus de Mieres que el Principado adujo que las mesas y sillas reclamadas las puso otra empresa. La segunda y la tercera fueron por el equipamiento suministrado al centro del automóvil de Olloniego. En la consejería consta el contrato pero no el acta de recepción. La sentencia del TSJA estima que tenerla «es una obligación de la administración», no del proveedor.

La resolución ordena que se salde esa deuda. Lo hace cuando en el procedimiento principal la Audiencia Provincial aún no ha determinado cuánto deberá devolver Muñiz al Principado.

En su decisión el TSJA recuerda que son pleitos distintos y que en el principal «ni el Ministerio Fiscal ni el Principado solicitan, en sus escritos de acusación, la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de empresa alguna». Al estar en concurso, el dinero para Igrafo se destinará a aliviar su deuda con Hacienda.