El presidente del Principado, Adrián Barbón, volvió ayer a enfundarse en su chaqueta roja para visitar las zonas más afectadas por el fuego que tuvo en vilo a la región en los últimos días y anunciar una batería de medidas con las que espera «chequear» ... el sistema actual de prevención de incendios, como una nueva guardería con mayor autoridad o la ampliación de la distancia de seguridad entre los pueblos y las masas forestales. Lo hizo en el Alto de Ambasvías, concejo de Valdés, donde acudió acompañado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; la delegada del Gobierno, Delia Losa, el presidente de la Junta General y número uno de la candidatura socialista por el Occidente, Marcelino Marcos Líndez, y el alcalde del concejo, Óscar Pérez.
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Rodeados de árboles totalmente calcinados, Barbón explicó que el grupo parlamentario socialista prepara ya una proposición de ley para modificar, nada más que comience la próxima legislatura -ya que tras firmar el pasado 3 de abril el decreto de convocatoria electoral la Junta General ha quedado disuelta- la actual ley de Montes. Avanzó que pasará a denominarse Ley de Montes y Prevención de Incendios Forestales y concretó que, con la reforma, se tratará de mejorar el sistema de prevención y respuesta ante nuevas olas de incendios para evitar que pueda repetirse lo ocurrido la semana pasada en la región, cuando Asturias llegó a registrar de forma simultánea y en condiciones meteorológicas adversas hasta 135 incendios activos. Una situación que dificultó enormemente las labores de los servicios de emergencia provocando importantes daños forestales y materiales, y obligando a evacuar a cientos de personas.
El líder autonómico, que volvió a referirse a los hechos como un «atentado a Asturias obra de terroristas con mechero», avanzó que la modificación de esta ley implicará, entre otras cuestiones, duplicar la distancia de seguridad establecida en la actualidad entre pueblos y masas forestales. Esto es, pasar de los 75 metros fijados ahora a los 150 metros, tal y como recomiendan los expertos. Además, incidió en que se reforzarán las medidas para garantizar su cumplimiento «tanto en terrenos públicos como privados». Igualmente, señaló la importancia de trabajar con expertos, equipos técnicos, agentes forestales, alcaldes, vecinos y ganaderos en la reforma de esta ley. «Hay que dimensionar el problema donde está, y está en salvar vidas», argumentó.
Se trata de una de las medidas anunciadas por el presidente del Principado tras la ola de incendios, pero no la única. También comentó que la entrada en vigor de la ley de Empleo Público permitirá reforzar el papel de la antigua guardería, que pasará a denominarse cuerpo de agentes medioambientales, y avanzó que la intención del Gobierno regional es otorgar a estos agentes mayor autoridad, hasta identificarlos «como una policía judicial genérica, que tendrá un carácter de vigilancia preventiva y a la que dotaremos de nuevos medios técnicos que nos permitan mejorar en la labor preventiva».
Asimismo, el candidato socialista a la reelección incidió en que se está trabajando ya en el «eje de la reconstrucción» de las zonas afectadas, para lo que está convocada una reunión mañana lunes del comité técnico que trabaja en la prevención y lucha contra los incendios, en la que tiene previsto asistir personalmente dada la «gravedad de la situación». Este jueves, por otro lado, se reunirá también el consejo forestal porque, explicó, «hemos paralizado nuestro plan forestal, que estaba a punto de salir a información pública», al entender que los hechos sucedidos esta última semana en Asturias deben servir para «sacar lecciones».
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El también secretario general de la FSA confirmó que, al margen de las ayudas que se esperan recibir por parte del Gobierno central, con la declaración de zona catastrófica, el Gobierno Principado ofrecerá apoyo económico a los afectados a través de diferentes vías. De este modo, se habilitará una línea de ayudas para compensar los daños de los bienes personales y se ofrecerá apoyo económico para garantizar la reforestación de las zonas afectadas «con una política no especulativa». Pero también, añadió, se ayudará a los ayuntamientos más afectados a través del fondo de prevención de incendios habilitado por primera ocasión en los presupuestos de 2023 y que está dotado con 4,5 millones de euros.
Barbón aseguró durante su visita a Valdés, el municipio más afectado por los incendios, que «hay sospechosos (de la autoría de los incendios), y vamos a ver si estas sospechas se confirman para estar en condiciones de definir quiénes son y por qué ha sido, y que los culpables paguen sus actos con pena de cárcel».
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