El Principado admite que durante años pagó un sueldo a Renedo sin trabajar: «Estábamos obligados»

El Principado destituyó en 2010 a la jefa de servicio Marta Renedo tras detectar indicios de que se apropiaba de fondos públicos pero después ha estado pagándole un salario al menos hasta 2019, sin tener que trabajar para la administración ni pisar un despacho de la misma. El dinero lo percibía porque pese a todo, conservaba su condición de funcionaria del Principado, suspendida de sus funciones, pero con la presunción de inocencia intacta. Hasta que los jueces no dictaron una sentencia definitiva sobre el 'caso Renedo' el Principado no podía avanzar en su expediente disciplinario ni dejar de abonarle una retribución básica.

Esa realidad es la que ha tenido que asumir esta tarde la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba. «El Principado estaba obligado a pagar», argumentó, sin aclarar hasta qué fecha concreta se mantuvieron los pagos ni el volumen de esos emolumentos. Se da la paradoja de que la primera sentencia contra la funcionaria la dictó el Tribunal de Cuentas, considerando que debía reponer 1,5 millones al erario público. Al ejecutar la resolución, lo primero que hizo la jurisdicción contable fue embargar ese sueldo que seguía pagando el Principado. Por esa vía la administración regional ha conseguido recuperar 478 euros, que es a día de hoy y después de 12 años de escándalo, la única suma que ha logrado salvar, según destapó EL COMERCIO.

«El objetivo de un caso de corrupción es al final recuperar el dinero», insistió Dani Ripa, diputado de Podemos, en la Comisión de Hacienda. «Nos sorprende la poca voluntad política que ha tenido el Gobierno regional en hacerlo», agregó. Según el relato de hechos que hizo, esa única cantidad recuperada obedece a una sentencia del Tribunal de Cuentas tras una causa que se vio obligado a abrir «no por una denuncia del Principado, sino del entonces diputado de UPyD Ignacio Prendes». En la jurisdicción Penal la investigación principal del 'caso Renedo' se cerró sin que el Principado presentara un cálculo del posible dinero defraudado en la Consejería de Educación; «el día que empieza el juicio, fuera de plazo, lo presentan y dicen que cinco millones», recordó Ripa. En este tiempo la empresa Igrafo, en el centro de la trama, logró que los jueces le dieran la razón en un pago que reclamaba pendiente de la Administración regional. «Ha recibido más dinero del que ha podido recuperar el Principado», apuntó.

«Si el Gobierno no hubiera estado dilatando los procedimientos, si no hubiera tenido una actitud pasiva, se habría recuperado el dinero, pero en cambio lo que tenemos es un caso aún abierto. Tomen una posición activa porque va en ello la dignidad de la administración», interesó el diputado de Podemos.

La consejera hizo repaso de parte de las causas abiertas por este escándalo de corrupción que saltó a la luz pública en 2011. Recordó que el Tribunal de Cuentas está tratando de ejecutar la sentencia que obliga a Renedo a devolver 1,5 millones, para lo cual tramita sacar a subasta dos bienes inmuebles de la exfuncionaria. «No podemos cuantificar el importe» de lo que se logrará por esa vía, apuntó la responsable de Hacienda. En la Audiencia Provincial sigue pendiente de ejecutar la sentencia contra los principales implicados en la trama, proceso en el cual el Principado ha solicitado una indemnización y «presentó pruebas que avalan una cantidad cercana a los seis millones», dijo. «En este momento la Justicia tiene que actuar», solicitó Cárcaba. La Audiencia lleva desde 2019 revisando el asunto sin terminar de concretar cuándo cabe reponer al erario en la causa principal.

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