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Cuatro años y medio llevan protegidos los entre 360 y 405 lobos ibéricos que hay en Asturias, tiempo en el que han atacado al ... ganado sin que los funcionarios del Principado pudieran hacer otra cosa que tomar fotos, retirar el cadáver y tramitar la indemnización. Eso está a punto de cambiar. El Congreso de los Diputados aprobó una ley que cancela el estatus de especie protegida al cánido al norte del río Duero. La medida la impulsó el PP, sumó mayoría gracias al apoyo de Vox y PNV, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero el Principado ya se ha puesto manos a la obra.
Horas después de la votación en el Congreso convocó para el 10 de abril al Consejo Consultivo del lobo para aprobar a continuación el programa anual que autorizará a sus guardas dónde y cuántos animales deben sacrificar este año y en 2026. La idea es que los permisos entren en vigor el mes que viene. «No vamos a esperar, salvo que haya una orden que paralice esta ley, estamos obligados a darle cumplimiento», justificó el consejero, Marcelino Marcos Líndez.
El vuelco es histórico, inapelable la bofetada que el PP propina al Gobierno central y la historia que hay detrás está llena de bronca, triquiñuelas y matices. Como ejemplo baste la «doble sensación» del propio consejero de Medio Rural, que admitía «satisfacción por la salida del lobo del Listado de especies silvestres de especial protección (Lespre)» pero también un sentimiento de «decepción por no ser apoyada por el PSOE», su propio partido.
Todo iba a ser de otra manera. En diciembre de 2023 el Gobierno central planteó un proyecto de ley sencillo, de 19 artículos centrados en revertir el desperdicio alimentario; la idea era obligar a los establecimientos a ceder a las ONG la comida que no van a vender. El PP supo aprovechar su mayoría en el Senado para incorporar al texto enmiendas que permitan volver a matar lobos; lo hicieron asegurando que así se evita tirar al vertedero las toneladas de carne de oveja y vaca que dejan sus ataques. Los letrados de la Cámara Alta entendieron que era perfectamente legal añadir esas medidas al articulado y la cosa llegó ayer a su votación definitiva, en el Congreso.
Al olor de la victoria acudieron al hemiciclo ganaderos, el PP de Asturias liderado por Álvaro Queipo, la consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, el de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones y la de Galicia, Ángeles Vázquez. La sesión principió con amenaza de giro de guión. Miguel Tellado, en nombre de los populares, intentó sin éxito un cambio en el orden del día que permitiera aplazar la votación. El motivo es que en la Cámara Alta el PP también introdujo una enmienda que rebajaba el IVA de determinados alimentos; ante eso el martes el Gobierno central hizo uso de una facultad que le da la Constitución para vetar iniciativas legislativas que alteren el presupuesto. Esos puntos se retiraron de la votación y la bancada popular se revolvió pateando y golpeando los escaños.
Tellado acusó a la mesa de «prevaricar» por no aplazar la cuestión para que los servicios jurídicos de la Cámara emitieran un informe detallando si el veto vulneraba la normativa. «Franco es un principiante a su lado», llegó a decir la popular Milagros Marcos. Y los socialistas, ganando ese pulso y logrando que hubiera votación, se condujeron a la derrota en la cuestión lobera.
Eran 40 las enmiendas a votar y de ellas tres sobre el lobo. La que lo saca del Lespre al norte del Duero sumó 174 votos del PP, Vox y PNV; la rechazaron 150 del PSOE y Sumar mientras que 21 de ERC, Junts y Bildu se abstuvieron. El PNV, tradicional apoyo de los socialistas, justificó su voto recordando que desde 2021 «por activa y por pasiva hemos pedido al Gobierno que reflexione y escuche a los afectados y las comunidades, pero ni caso». También salió una enmienda que autoriza de forma excepcional la muerte de lobos protegidos por «eficiencia del sistema productivo». Lo que no se aprobó, al abstenerse Vox, es otra que derogaba explícitamente la orden ministerial de 2021 que metió al lobo en el Lespre, un artículo «redundante», dijo su diputado asturiano, José María Figaredo.
Y así se consumó la paradoja. Los socialistas asturianos llevan desde 2021 pidiendo recuperar la capacidad para matar al lobo, algo que solo han logrado gracias a una victoria del PP nacional.
Desde Ministerio de Transición Ecológica se tachó el paso dado de «negacionista» e «irresponsable». En junio tenían previsto una revisión de la situación del lobo en base a los censos. «Si querían haber tomado una decisión basada en la ciencia lo lógico habría sido esperar», lamentan.
En Ascel, el colectivo ecologista que logró la protección del lobo, velan armas: «Mandamos un mensaje de tranquilidad porque, como hasta ahora desde 2021, confiamos en impedir cualquier muerte de lobos en España». Cerrada la batalla del Congreso, empieza la de los tribunales.
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