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R. MUÑIZ
GIJÓN.
Jueves, 30 de enero 2020, 01:11
El Principado hizo pública ayer la lista de terrenos para los que se ha pedido su reconocimiento como montes vecinales de mano común, encendiendo las alarmas en el colectivo ecologista. En total, hay abiertos 18 expedientes, en diez concejos distintos. De salir adelante, confiarán la gestión de 42 montes de la región a las comunidades vecinales que así lo están reclamando. En la nómina están incluidos el Aramo y Monsacro, en Morcín, y el Puerto del Sueve, en Piloña, entre otros.
«Es una barbaridad desde el punto de vista ambiental», valoró ayer Joaquín Arce, exdirector general de Política Forestal y hoy miembro de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza, entidad que recurrirá los expedientes. «Es un ataque a la propiedad pública impropio de un Gobierno socialista», abundó.
Según su análisis, la figura del monte vecinal de mano común «es algo arcaico, que se está intentando aplicar en concejos que no tenían tradición de ello, como una importación de Galicia». Arce considera que de cristalizar, la titularidad de esos montes pasaría a ser privada. «Los montes ya son de los vecinos, porque los propietarios son los Ayuntamientos. Si se pasan a vecinales de mano común significa que serán gestionados sólo por un grupito de ellos», precisa.
En estos momentos hay en Asturias unos 77 montes vecinales de mano común, que suman 23.800 hectáreas, según el último recuento de la Consejería de Desarrollo Rural. La mayoría se reconocieron como tales en los años 80, y el último del listado es el de Cabruñana, en Grado, concedido en 2010. El colectivo Asturias Ganadera lleva años denunciando que los expedientes estaban paralizados y ahora, el titular de la consejería, Alejandro Calvo, se comprometió a desatascar el asunto, como fórmula para incrementar el aprovechamiento de los montes.
En Desarrollo Rural explican que tramitar los expedientes «es una obligación legal» una vez llega la petición, y que iniciarlos no significa que todos vayan a ser concedidos. Dependerá de la documentación y los antecedentes históricos de cada caso. Rechazan, además, que el proceso suponga una privatización, pues se mantiene el interés público de los vecinos en la gestión del terreno.
Ahora hay 282.000 hectáreas (el 30% de la región) de montes de utilidad pública, la figura que pide preservar Arce. «Es falso que los montes estén desaprovechados; los usan los ganaderos, excursionistas y deportistas», defiende, frente a lo que tacha de «proceso privatizador».
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