El Principado abordará este año cómo medir el rendimiento de sus funcionarios

Lograr que Cs e IU votaran a favor y PP y Podemos se abstuvieran fue cosa de mucha negociación, pero también de haber optado por una particular técnica legislativa. En algunos temas polémicos la ley sienta las bases de un cambio, pero sin terminar de perfilarlo, dejando abierta su definición para más adelante.

Ocurre por ejemplo con el plus por productividad. Una de las novedades del texto abre la puerta a evaluar el rendimiento de los empleados públicos y permite a cada consejería destinar parte de su presupuesto a retribuir a los trabajadores que más aportan. La norma establece también que quien suspenda dos veces ese examen perderá la adscripción al destino.

En el plan normativo de este año el Principado tiene reconocido entre sus objetivos tramitar el reglamento que definirá el modelo. ¿Serán los jefes quienes evalúen a sus subordinados? ¿Recaerá esa misión en alguien externo, como el Instituto Adolfo Posada?

A la espera de ver por qué vía opta el Principado, la norma ya viene surtiendo efectos. Reguló el teletrabajo, modalidad que tienen autorizada 1.232 empleados públicos. También creó la figura del subdirector general, un gestor profesional al que se puede reclutar de dentro o fuera de la administración, vinculado a una necesidad concreta y por un máximo de cuatro años prorrogable en otros tantos. En las próximas semanas cada una de las consejerías que ha recurrido a esta figura irá desvelando quiénes son los diez primeros subdirectores del Principado.

El primero de los dos decretos aprobados aprovechó para crear cuerpos de los que andaba falta la administración, caso de los ingenieros de informática, telecomunicaciones, investigadores y operativos de emergencia, entre otros. Los procesos para incorporar a este personal están programados para este y el próximo año.

Queda camino pero, a ojos de la vicepresidenta Gimena Llamedo, la ley es ya «la base para una administración más moderna y eficiente, un marco estratégico que nos permite una mayor profesionalización, atraer talento y dar respuesta a los nuevos retos de la administración autonómica, que poco tienen que ver con los de hace 38 años». Alude así al momento en el que fue aprobada la anterior norma de función pública.

«Esta ley además anticipa y nos prepara para afrontar un reto importante como es la jubilación de la generación del 'baby boom', que afectará en esta década al 40% de la plantilla del Principado», amplía. Son unos 15.000 trabajadores los que se retirarán y la mayoría cubren ahora puestos en colegios, centros de salud y hospitales.

Entre las herramientas de gestión que facilita la norma está flexibilizar la capacidad del Principado para redistribuir a su personal en función de las necesidades del servicio. La aplicación de la norma se está llevando en paralelo a los procesos de estabilización de los puestos cubiertos por interinos de larga duración, lo que alumbrará una nueva plantilla bajo nuevas normas.