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La Unión Europea cambió su política de infraestructuras a partir de 2013. En vez de seguir subvencionando obras en tramos dispersos, concentra sus fondos ... en una red viaria y ferroviaria central y moderna. Aspira a que viajeros y mercancías se desplacen en ella incurriendo en menores costes y tiempos, mejorando así la competitividad del mercado común. El debate entre los Gobiernos nacionales, el Europarlamento y el Ejecutivo comunitario concluyó identificando nueve corredores principales, de los que dos atraviesan España: el Atlántico y el Mediterráneo. Bruselas ofrece dinero para su modernización, establece una serie de recomendaciones de mejora y marca también obligaciones.
A más tardar en 2030 por los corredores ferroviarios deben poder circular convoyes de mercancías de 740 metros de longitud (un 64% más largos que ahora), a velocidades mínimas de 100 kilómetros por hora y operar con el sistema ERTMS, que incrementa la cantidad de trenes que pueden pasar cada hora. Hasta aquí el contexto. Luego cada Gobierno nacional es libre de apostar por unos tramos o por otros, por este corredor o por aquel.
El empresariado mediterráneo ha demostrado anticipación. Ya en 2004 fundó Ferrmed, grupo de presión ('lobby') con sede en Bruselas. Se ha mantenido activo y constante y ha sido el germen de un movimiento empresarial, político y social mayor. Se hace llamar 'Quiero Corredor' y lo lideran el presidente de Mercadona, Juan Roig, y el de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda. Hacen informes de seguimiento, reúnen a más de mil empresarios, convocan al ministro de turno para leerle la cartilla, financian campañas de publicidad...
Tras lustros sin dar la batalla, el noroeste empieza a reaccionar. El 11 de noviembre en Santiago de Compostela lo hicieron las patronales de Galicia, Asturias y Castilla y León, con una declaración en la que urgían un plan director y un comisionado que supervise el avance del Corredor Atlántico, inversiones para adaptar la red al formato de las autopistas ferroviarias, interlocución. La respuesta de Ferrmed fue reiterar el discurso que lleva una década blandiendo, y que demanda «tener claras las prioridades» y considerar que las líneas a Galicia y Asturias «están muy bien pero al final no tienen tráfico suficiente para justificar los objetivos medioambientales. Hay que invertir donde esté el tráfico».
El argumento ha espoleado a la clase política del noroeste a dar la batalla y poner pie en pared. A través de EL COMERCIO y por primera vez, los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León se conjuran ante la actitud insolidaria y egoísta que perciben desde el Mediterráneo. De paso, plantan cara y marcan una hoja de ruta al Gobierno central, demandando inversión, comisionado, plan director y tener voz para ir fijando las prioridades en cuanto a proyectos e inversión.
«Desde la Xunta lo tenemos claro» -advierte su presidente, Alfonso Rueda- «No vamos a permitir ni un solo agravio y, como ya adelanté, nos vamos a dirigir al Gobierno central para recordarles que no se puede ceder ante determinadas presiones». El jefe del Ejecutivo gallego no duda en identificar de dónde proceden esas presiones. «En relación a la reciente reivindicación del corredor mediterráneo, creo sinceramente que se equivoca el que cree que hay que quitar a unos para dárselo a otros. Lo que hay que hacer es construir una España con equilibrio y que atienda por igual a todos sus territorios y necesidades», manifiesta.
«Me he expresado con toda rotundidad, al referirme a las presiones del 'lobby' empresarial del Corredor Mediterráneo: 'Si nos buscan, nos van a encontrar'», recuerda el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien agradece también la reacción que ha tenido el Gobierno central ante la subida de tono de Ferrmed. «Por fortuna, estos mismos días hemos comprobado que la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, tiene también las cosas muy claras: no se puede enfrentar una parte de España contra otra porque así no se construye un país», valora.
Que la polémica estalle ahora no es casual, según previene el presidente de la Junta castellano y leonesa, Alfonso Fernández Mañueco: «Nos encontramos en un momento transcendental ante los cambios que se están produciendo y van a producirse en la normativa europea, durante el periodo 2023 a 2027 y que tendrán gran repercusión en el territorio de nuestra comunidad».
Coincide la llega de fondos Next Generation con el debate que se está librando a nivel comunitario para redefinir las reglas que rigen la política de corredores de infraestructuras. La propuesta lanzada por la Comisión Europea obligaría a los ministros del ramo a establecer antes de dos años planes aclarando cómo migrarán esta parte de la red a las vías de ancho estándar (también llamado internacional). Además prepara el terreno para que circulen trenes de mercancías todavía más largos.
«El Gobierno de España está elaborando la planificación, que afecta de manera decisiva al desarrollo de las infraestructuras logísticas y el Corredor Atlántico a su paso por Castilla y León», detalla Fernández Mañueco. «Consideramos irrenunciable y exigimos al Gobierno de España participar y ser parte activa en la concreción de la planificación e inversiones asociadas a realizar en Castilla y León, actuaciones e inversiones prioritarias que, entendemos, requieren un consenso con la comunidad autónoma y reiteramos nuestra disposición a participar en la definición de las mismas, con el fin de aportar todo el trabajo técnico realizado desde el conocimiento y una visión integral de nuestro territorio», expone.
El presidente castellano y leonés asegura que su ejecutivo ha reclamado «reiteradamente» al ministerio «cuestiones concretas y prioritarias» para la comunidad. «No hay que olvidar que el 50% de las mercancías que discurren desde la península hacia Europa atraviesan las zona atlántica y cantábrica y por ello exigimos el mismo trato y las mismas infraestructuras que otros territorios», compara.
Entre las medidas que exige al Gobierno central, Fernández Mañueco señala «conocer el plan director del Corredor Atlántico, la creación inmediata del Comisionado del Corredor Atlántico, homólogo al del Mediterráneo, que lleva ya años trabajando en ello, y el compromiso firme del Ministerio de Transportes para el desarrollo y avance en el Corredor Atlántico, destinando los mismos esfuerzos y recursos técnicos y económicos que en su homólogo Corredor Mediterráneo, con la inclusión del desarrollo de autopistas ferroviarias en el ramal noroeste». Al respecto su homólogo gallego, Alfonso Rueda, recuerda que «en el noroeste llevamos años esperando a que el Gobierno central cumpla sus compromisos con el Corredor Atlántico y seguimos sin comisionado y sin plan director para una infraestructura que es vital para nuestra competitividad».
Para Adrián Barbón, la cuestión es clara: «Yo, que siempre antepondré los intereses de Asturias, quiero que España se edifique sobre la solidaridad, el respeto institucional y el beneficio mutuo, no sobre la competencia egoísta de unos territorios contra otros. No vamos a ceder un ápice en una reclamación que es de justicia. El Gobierno de Asturias no va a ceder y estoy convencido de que tampoco cederán los de Galicia y Castilla y León».
«Si el Gobierno sigue sin reaccionar, seguiremos trabajando conjuntamente de la mano de los empresarios de Asturias, Castilla León y Galicia, para reclamar lo que nos corresponde», previene Alfonso Rueda. El presidente asturiano se muestra más conciliador: «El Corredor Atlántico será una realidad por solidaridad, por cohesión territorial, por desarrollo económico y porque España lo necesita».
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