OLAYA SUÁREZ
GIJÓN.
Martes, 26 de junio 2018, 04:05
«La organización territorial en materia de Justicia es obsoleta. Urge su revisión». El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, se mostró ayer contundente sobre la necesidad de buscar a una solución a lo que considera un «aprovechamiento ... bastante deficiente de los recursos existentes». «El reparto no obedece a criterios lógicos, el Principado está dividido en 18 partidos judiciales, lo que sin duda supone una cantidad excesiva y que es fruto de una demarcación fijada en tiempos en los que las comunicaciones eran muy deficientes», señaló el máximo representante de los órganos judiciales en la región durante la presentación de la memoria del TSJA del año 2017. Es una vieja reivindicación, asegura, pero «cada día es más acuciante el problema».
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«Asturias tiene una población en torno al millón de habitantes, de los que el 70% se encuentra en la zona central, lo que supone un criterio de reparto poco lógico», cree Ignacio Vidau. La mitad de los 18 partidos judiciales repartidos por la región tienen un único juez.
En el balance de actividad del año pasado destaca el descenso de la litigiosidad. Los órganos judiciales del Principado ingresaron en 2017 un total de 127.293 asuntos, una cifra ligeramente inferior a los 129.006 de 2016, lo que supone un descenso del 1,33%. De ellos, 61.130 fueron asuntos penales, 47.352 civiles, 14.728 laborales y 4.083 contenciosos administrativos.
El mayor incremento lo experimentan los asuntos civiles, un 13% respecto al año anterior, motivado, principalmente, por la puesta en marcha del juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo como juzgado único especializado en cláusulas suelo de Asturias. Desde su creación ha tramitado 3.259 asuntos.
Según se desprende del informe, también han subido los asuntos de lo contencioso-administrativo, un 18,4%, a lo que se suma un 8% de los relativos a la vía social. Por el contrario, en la jurisdicción penal se ha producido un descenso del 5,1% durante 2017. Ignacio Vidau explicó que esa reducción está vinculada a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2016 por la que los casos sin autor conocido se archivan por la Policía y no llegan al juzgado.
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Baja la litigiosidad, pero aumentan las sentencias dictadas: 40.687 sentencias en 2017, que supone un incremento del 4,10% respecto a 2016; 51.188 autos y 37.508 decretos. En lo relativo a la ejecución de sentencias se registraron 23.040 y fueron resueltas 26.698. El número de asuntos resueltos fue de 123.302 frente a los 136.728 del año anterior, lo que implica un descenso del 9,82%.
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