Presidencia fija nueve servicios «esenciales» para la huelga de los funcionarios de Justicia

Además, se tienen que mantener los juicios orales del orden penal en causas con preso; las vistas en las que haya víctimas de violencia, menores o personas con discapacidad; las medidas cautelares o provisionales urgentes en materia de familia, violencia sobre la mujer, libertad provisional, entre otras; o los servicios de guardia de juzgados, fiscalías e Instituto de Medicina Legal.

Las secciones sindicales de CC OO, UGT, STAJ -Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia- y CSIF -Central Sindical Independiente y de Funcionarios- han convocado también paros totales para los días 9, 10, 16, 17 y 18 de este mes. Se recrudecen así las movilizaciones -la huelga en abril fue parcial- tras la reunión que mantuvieron los trabajadores con el Ministerio de Justicia la semana pasada; se transmitió al comité de huelga un «no radical» a la subida de los complementos generales y profesionales.

Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'complemento general del puesto', una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen. «Lamentamos los perjuicios que está provocando esta huelga a los ciudadanos (ya se han paralizado más de cuatro millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios a nivel nacional) pero la ministra Pilar Llop es la única responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia», se afirma desde el comité de huelga convocante.

Los sindicatos han pedido al ministerio que convoque «de forma inmediata» al comité de huelga para intentar una salida negociada al conflicto, «lo que no ha hecho desde el 24 de abril, a pesar de los paros convocados».