La «precariedad» de la investigación universitaria llegará a los tribunales

Llegados a este punto, hartos de la «precariedad» de sus contratos, no solo por la cuantía sino también por la incertidumbre, es muy probable que la situación se deba resolver en los tribunales. Aseguran los afectados que la Universidad les ha informado de que no hay tiempo para solucionarlo antes del 14 de enero, cuando están citados. «No parece lógico un retraso de más de 22 meses y seguir viendo inalcanzable una solución sin pasar por el juzgado», lamentan. El rector aseguró que el tema está en manos de Intervención, que ha pedido un nuevo informe, y que eso llevará más tiempo. Los investigadores lo tienen claro: «No nos corresponde hacernos cargo de la gestión universitaria».

La situación que los predoctorales han puesto sobre la mesa choca con los objetivos del propio Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo para el periodo 2018-2022, que dedica todo un capítulo a las 'Acciones estratégicas en investigación y transferencia' y que se fija objetivos para ese horizonte temporal como «disponer de un programa de atracción y consolidación del talento activo; captar personas con un perfil investigador relevante; consolidar una plantilla de investigadores, así como el talento formado en la Universidad de Oviedo y apoyar a los grupos y equipos de investigación», entre otros. Un objetivo que se podría resumir en solo un ejemplo: hace justo un año, tres investigadores asturianos en la diáspora obtuvieron seis millones de euros gracias a las prestigiosas ayudas que anualmente concede el Consejo Europeo de Investigación: la ERC Consolidator Grant. La elite de la investigación europea.

La Universidad de Oviedo cuenta en estos momentos con unos 3.000 investigadores. La mayoría, 2.100, son profesorado, funcionario o no, de distintas categorías, desde catedráticos hasta profesores asociados. A esos se suma una cifra que oscila cada año entre 600 y 800 personas, que incluye dos grupos. Por un lado, los investigadores de predoctorado y postdoctorado. Y, por otro, los investigadores contratados por proyectos. Los jóvenes que se hacen oír estos días pertenecen a ese grupo de predoctorales y están afectados por el Estatuto de Personal Investigador en Formación, el EPIF. Pero las casuísticas son muchas y diversas dentro de la investigación en la Universidad, que además es solo una parte de la investigación que se lleva a cabo en Asturias.

Precisamente esta semana se ha publicado el informe de la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) que, por decimosexto año consecutivo, recoge y analiza la información actualizada sobre el sistema universitario español y la contribución de las universidades españolas al desarrollo. Según sus estadísticas, si bien Asturias no está entre las primeras comunidades en producción científica en revistas de difusión internacional entre 2014 y 2018, sí destaca si se compara el número de documentos respecto al número de habitantes e incluso en la citación de sus documentos en las publicaciones especializadas.