Los administradores de fincas avisan: negar el permiso a los pisos turísticos puede salirle muy caro a los vecinos

La principal controversia reside en que la norma que impulsa el Principado establece que solo se podrán hacer alquileres de corta estancia si previamente la mayoría de los vecinos de una comunidad han autorizado dicho uso. Antonio Lorca, del Colegio de Administradores de Fincas previno que este precepto «es ilegal, la comunidad autónoma no tiene competencia para regular un asunto que viene en la Ley de Propiedad Horizontal, que es estatal». En consecuencia «la comunidad de vecinos no debería denegar la autorización a una vivienda de uso turístico si no quiere acabar en los tribunales en un pleito que acabaría perdiendo».

El interesado en hacer de su piso una vivienda de uso turístico cuenta con la ley estatal y jurisprudencia a su favor, con lo que «denegarle el permiso es un trámite inútil, que solo serviría para tensar las relaciones entre los vecinos, que la comunidad tenga que pagar gastos de abogado y procurador en un juicio que va a perder, con lo que tendrá que pagar las costas al vecino que interesaba ese uso y, quizás, también el lucro cesante por el tiempo en el que se ha demorado esa autorización».

Lorca considera que el único resultado es «alargar excesivamente el expediente». De adoptarse una medida de este calibre «debería hacerse mediante normativa estatal», indicó. El representante del Colegio de Administradores de Fincas recordó además que obligar a quienes ya tienen licencia de VUT a pasar por este debate con su comunidad de vecinos «obligaría a celebrar miles de juntas de vecinos».

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E. P.

Otra de las debilidades que ve en la propuesta es que se condicione el piso turístico a la instalación de contadores individualizados de agua fría. Según defendió, la normativa actual permite eximir de este tipo de aparatos a los edificios si presentan un informe justificando que es inviable técnica o económicamente. No contemplar esa excepción supondría que «los propietarios que quieren hacer una vivienda de uso turístico podrían exigir a los demás que se pongan esos contadores y, si los demás se niega, reclamarles una indemnización por impedirles tener una vivienda de uso turístico».

A favor del proyecto se manifestó José Luis Álvarez Almeida, presidente de OTEA, si bien reconoció que prefería que la norma fuera de ámbito estatal. «Estamos regulando aquí el turismo para que Asturias tenga un turismo mejor, no para tener una vivienda más rentable», declaró. En los últimos diez años aseguró que se han perdido 1.762 plazas hoteleras, mientras que las VUT habrían ganado más de 16.100. En base a datos de Exceltur, aseguró que por cada 100 plazas en un hotel de cuatro estrellas se generan 27 empleos, mientras que por cada 100 plazas de VUT solo se crearían 3,4 puestos. A nivel fiscal estimó que un propietario paga en impuestos 1.626 euros al año por cada plaza de su vivienda turística, que cuando es una agencia quien gestiona ese alojamiento su tributación sube a 2.763 y que los hoteles deben hacer frente a 8.213 euros de impuestos por cada plaza.