Pilar Llop resta importancia al mal estado de las sedes judiciales asturianas

Llop comenzó aclarando que, además de sus responsabilidades propiamente ministeriales, tiene las competencias en la gestión de los equipamientos judiciales de cinco comunidades y de las dos ciudades autónomas, pero no de los de Asturias, donde la gestión de los medios materiales y personales en materia de Justicia corresponde a la Consejería de Presidencia. «El Principado tiene su propio plan de infraestructuras y gestión de sedes judiciales», anotó. Además, apuntó que desde el Ministerio de Justicia se ha transferido al Principado 6,5 millones de euros para la digitalización de estas infraestructuras procedente de los fondos europeos.

Llop asumió que es responsabilidad de la Administración pública garantizar el buen estado de las infraestructuras y «procurar que la salud y la seguridad de los trabajadores y los usuarios se vea protegida», pero evitó ahondar en esta cuestión. Destacó el esfuerzo económico que se está haciendo en la ejecución de nuevos equipamientos como el de Luarca y en la mejora de la eficiencia energética tanto en los edificios de nueva construcción como en los ya existentes; e incidió en los avances en la digitalización de la justicia española, que ya han permitido realizar más de un millón de diligencias telemáticas, lo que supone una reducción en emisiones de C02 que equivaldría, calculó, «a 1.382 vueltas al mundo».

También puso en valor la ministra la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por un «nuevo gran modelo de justicia» que va a dar «un revolcón» al sistema judicial de este país a través de las tres leyes de eficacia -organizativa, procesal y digital- que se están tramitando en estos momentos en el Congreso, y que son fruto, subrayó, de un pacto político por la justicia.

Llop, que destacó del juzgado de Luarca el hecho de que disponga de «espacios amables» para garantizar que los usuarios se puedan encontrar «en condiciones dignas», estuvo acompañada en todo momento por la delegada del Gobierno, Delia Losa; la consejera de Presidencia, Rita Camblor; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente; el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro; la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández y el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, entre otras autoridades.