L. RAMOS
LLANES.
Martes, 19 de enero 2021, 01:41
Utilizar la neurociencia para demostrar que su cliente no participó en el asesinato de Javier Ardines ni había estado en Llanes antes de comparecer ante la jueza instructora del caso. Es lo que pretende el abogado defensor de Maamar Kelli, Fernando Barutell, quien en su escrito de conclusiones provisionales solicita que se le practique al presunto sicario la prueba neurológica P300 o del potencial evocado cognitivo. Conocida popularmente como 'test de la verdad', esta técnica ya se utilizó en 2014 con Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, así como con el exgrapo Fernando Silva Sande, condenado por el secuestro de Publio Cordón.
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Según indica el letrado en su escrito, la P300 «mide la actividad eléctrica positiva del cerebro que aparece 300 milisegundos después de que un individuo haya sido expuesto a un estímulo visual, auditivo o de otro tipo». Es decir, mediante una especie de 'casco' repleto de electrodos se monitoriza la reacción automática que toda persona tiene ante una imagen, un sonido o un concepto que ya conoce y que, por tanto, tiene almacenado en su memoria. La onda P300 es más intensa cuanto mayor es la relación del individuo con el estímulo.
De esta forma, si la práctica de la prueba fuese autorizada, a Kelli se le podrían mostrar imágenes del camino en el que fue asesinado el edil el 16 de agosto de 2018, del entorno o de otros objetos relacionados con el crimen, como las vallas de obra amarillas que los asaltantes utilizaron para obligar a Ardines a detener su furgoneta. De ser cierta la tesis defendida por el abogado del argelino, este no debería mostrar reacción alguna ante semejantes estímulos.
La P300, impulsada por el neurofisiólogo José Ramón Valdizán, es una prueba relativamente novedosa en el campo de la investigación criminal en Europa, si bien en Estados Unidos hay numerosos precedentes e incluso sirvió para excarcelar a Terry Harrington, un hombre que llevaba preso 25 años por un crimen que no cometió.
El 'test de la verdad' solamente se puede llevar a cabo si se cuenta con el consentimiento del investigado y si este «no padece trastorno mental alguno que impida o limite su capacidad de consentir», como así sucede en este caso, según indica Barutell en su escrito.
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