El PP pide al Congreso que permita la caza del lobo en las regiones al norte del Duero

Si los populares lograsen el respaldo del pleno, el depredador ibérico seguiría siendo especie protegida y no cinegética en los territorios al sur del Duero, donde los cánidos silvestres son una mera curiosidad, y, por el contrario, en las cuatro regiones en que vive el grueso de las 300 manadas que hay en la península, los lobos dejarían de ser intocables y podrían ser abatidos siempre que se cumplan las condiciones que fije cada regulación autonómica.

Esto, por otra parte, permitiría que las comunidades autónomas pudieran volver a aplicar sus medidas de gestión, que en el caso de Asturias son las incluidas en el Plan de Gestión del Lobo que está en suspenso tras la aprobación de la disposición ministerial de hace siete meses y que en los últimos veinte años había conseguido que las manadas de lobos en Asturias pasasen de menos de veinte a unas 45, y ello, eliminando a los ejemplares más problemáticos para el ganado, normalmente machos solitarios. El Plan de Gestión del lobo del Principado no permite la eliminación ni de hembras reproductoras, ni de ejemplares líderes de manada, ni de lobeznos.

Sin embargo, la proposición tiene escasas posibilidades de prosperar, porque los seguros votos a favor el PP, Vox y, posiblemente, de Ciudadanos y algún diputado del grupo mixto no parecen suficientes para superar los previsibles 'noes' de los dos socios en el Gobierno y de, al menos, la izquierda nacionalista, salvo que algunos diputados de estas formaciones pero que representan a las comunidades del lobo decidiesen romper, en este ámbito, la disciplina de voto. En este sentido, cabe destacar que el Principado tiene judicializado el asunto contra el criterio del Ministerio de Transición Ecológica.

Por su parte, el PP nacional actúa así en sintonía con las demandas de los ejecutivos populares de Castilla y León y Galicia, y se erige en defensor del mundo rural, un papel que la ultraderecha trata de disputarles abiertamente

El PP justifica la vuelta atrás en que las medidas para prevenir los ataques del lobo -ayudas para cercados o mastines- y las compensaciones por las pérdidas -subvenciones e indemnizaciones- son insuficientes para contrarrestar los daños de los cánidos silvestres a vacas, ovejas, cabras o caballos y, sobre todo, para evitar que la presión sobre los ganaderos de Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria «ponga en peligro el futuro de su actividad y del mundo rural». El PP está convencido de que las manadas de lobos que hoy hay en la península suman muchos más de los 2.000 o 2.500 ejemplares que estimó el último censo oficial (2014). Prueba de ello, defienden, son los cada vez más frecuentes y preocupantes ataques a rebaños, por lo que «no debería ser necesario mantener medidas tan estrictas de protección», como es la prohibición total de la caza, subraya en el preámbulo de la ley.