Las peticiones de ayuda urgente tras agotar el salario social desbordan a los ayuntamientos

Sin embargo, Cáritas, Acción contra el Hambre, Fundación Siloé, Mar de Niebla y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, integrantes todas, junto a 35 entidades más, de la Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza (EAPN de acuerdo a sus siglas en inglés) están dando la voz de alarma. Pese al adelanto, los perceptores del salario social han agotado ya sus ingresos.

«Estamos recibiendo oleadas de peticiones de ayuda de emergencia», confirman los profesionales de Trabajo Social de diferentes servicios sociales municipales. «Desbordadas de solicitudes», indican las mismas fuentes en referencia a las personas que acuden en busca de una de esas prestaciones urgentes que los consistorios reservan para casos de necesidad extrema.

En la que están hoy «muchos de los perceptores de salario social», indica Héctor Colunga, portavoz de EAPN. Las cuantías mensuales oscilan entre los 443 euros, en el caso de que el beneficiario viva solo, y los 731, si tiene seis o más miembros en la unidad familiar. La paga más habitual, de acuerdo a las estadísticas, consiste en los 540 euros que recibe una mujer con un hijo a su cargo. Nueve euros por persona y día.

«Que la gente haga cuentas. Si con ese dinero pagan casa, agua, electricidad y alimentos, entonces todos deberíamos bajarnos el sueldo, ya que estamos viviendo en la riqueza», ironiza Columna. Explica él que «el salario social es una ayuda para medio sobrevivir», que los beneficiarios, casi 50.000, -de cada nómina se calcula que viven 2,2 personas, «complementan como pueden para llegar a fin de mes». Un 'como pueden' que incluye «recibir alimentos o mendigar».

Acciones a las que Pablo Puente, director de la Fundación Siloé, suma «pequeños trabajos con los que salir adelante. Constatamos es que hay una parte importante de la población que contaba con otros ingresos, al margen del salario social, y que ahora no los tiene debido al confinamiento a que obliga el COVID-19».

Porque, insiste Héctor Colunga, «el salario social da para lo que da. Ocurre como con los sueldos precarios. Llegan hasta donde llegan y es necesario contar con más apoyo».

Unoque ahora solo puede llegar a través de las ayudas de emergencia. «Estamos desbordadas con las peticiones», confirma la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social. Belén Murillo coincide con las apreciaciones de Colunga y Puente. «Hay personas que creen que los beneficiarios del salario social tienen problemas para administrarse. A mí me gustaría ver cómo se administran ellos con la paga que dan para una mujer con hijo a cargo, por ejemplo».

La respuesta desde las administraciones solo puede llegar «en forma de ayuda». O de emergencia, como las que tramitan los ayuntamientos, o al pago del alquiler, como las que ha puesto en marcha la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

El Ayuntamiento de Gijón, por su parte, anuncia que «se van a flexibilizar los requisitos para acceder a las ayudas de emergencia». Así lo explicó la concejala presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Natalia González. «Trabajamos ya con el tercer sector en el grupo de Respuesta Social Gijón para ver qué necesidades hay y qué recursos se pueden ofrecer. El objetivo es atender las necesidades de quien no tiene nada».

Asegura que «hay personas sin ingresos y que no pueden acceder normalmente las ayudas porque no cumplen los requisitos pues, antes del estado de alarma, tenían ingresos de trabajos esporádicos. Esto es, por ejemplo, personas de protección internacional o en situación irregular. Esas personas son ahora más vulnerables».

Desde el tercer sector, las entidades ponen sobre la mesa, también, la necesidad de completar las ayudas «con vales y alimentación», a la vez que urgen la implantación de la renta básica estatal. «A corto plazo es la vía que puede dar solución a este problema, aunque hay que ver cómo encaja con las ayudas regionales», dice Héctor Colunga.

Para Belén Murillo, es «un derecho humano: a vivir dignamente, a comer». Cree que «los servicios sociales tendremos que dar respuesta, con parches, a necesidades básicas de miles de personas que han perdido sus empleos, restando tiempo de lo verdaderamente importante, acompañar, apoyar y prevenir».