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«Asturias se sitúa por encima de la media de España en solicitudes de ayuda a la dependencia. Hemos pasado de una media mensual de 500 a más de 800». Marta del Arco confirmó que la tendencia al alza iniciada la pasada legislatura va a ... más en la región. La Ley de la Dependencia, que según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) tiene en Asturias como beneficiarios potenciales a 183.865 personas, continúa su ascenso imparable en el Principado. Los datos oficiales hablan de 908 nuevas altas en el mes de marzo (la última cifra oficial disponible), cuando hace un año se incorporaron 604 nuevos expedientes. Un 33% más de aumento de las peticiones de ayuda, lo que obliga a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar a ampliar plantilla. «El equipo lo forman 139 empleados públicos, a los que se sumarán ocho para puestos de administración y un nuevo valorador, además de una jefatura de sección».
Así lo anunció la consejera de Derechos Sociales y Bienestar en la Junta, a preguntas de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sobre la lista de espera. En ese aspecto, los datos favorecen al Gobierno regional, ya que, por primera vez, Asturias ha bajado de los mil casos en lo que el Observatorio de la Dependencia denomina el 'limbo': personas que saben que tienen derecho a una prestación o servicio por su falta de autonomía personal, pero aún no la reciben. De acuerdo a la última estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), comenzó abril Asturias con 32.068 personas con derecho a ser beneficiario de la ley, de los que 31.355 ya lo son. Eso reduce el limbo a 712 casos. Más abultada es, sin embargo, la espera para ser valorado. De las 47.098 solicitudes presentadas, 40.614 ya cuentan con resolución. Es decir, 6.484 personas están a la espera de que se evalúe su falta de autonomía personal.
Reconoció Tomé los esfuerzos realizados «tras el plan de choque», con «una reducción del limbo del 6,8%, frente a la media del país del 11%», así como la generación de empleo que ha supuesto el crecimiento de la ley, «con 1.682 nuevos puestos de trabajo», pero criticó la baja prestación media para los cuidadores familiares «169,7 euros al mes» y el fallecimiento de personas a la espera de ayuda. «Según el último informe del Observatorio de la Dependencia, el año pasado, 902 personas murieron mientras esperaban para ser valorados, y 402, para recibir la ayuda». También que «la respuesta tarde diez meses en llegar, y no en los seis que dice la ley».
Una situación que, explicó Del Arco, «obedece al perfil demográfico», a la vez que apuntó dificultades para cumplir con los plazos legales. «La media en Asturias está en ocho meses y necesitamos dar apoyo al Área Sanitaria V (Gijón), que es la que más solicitudes recibe», a la vez que señaló que en otras áreas «como la II (Cangas del Narcea) y la VII (Mieres) están en siete meses».
Insistió la consejera en reconocer que «los esfuerzos no han sido suficientes», pero anunció que, además de la contratación de más personal, se está preparando «una nueva herramienta informática que contribuya a la tramitación de los expedientes». No obstante, insistió en que «el factor personal será clave» y que «será necesario aumentar los puestos de trabajo». Para esa contratación, recordó, «necesitaremos el apoyo a la propuesta presupuestaria».
Como también necesitará apoyo la propuesta de ayudas al Tercer Sector con cargo al IRPF. «Por primera vez en doce años», criticó Covadonga Tomé, desde el Grupo Mixto. Marta del Arco espera que la convocatoria «pueda estar lista en mayo» y recordó que es la primera «que llega a cinco millones».
La comparecencia de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar en la Junta también arrojó otros titulares. Uno de los más importantes, que «a finales del primer semestre de 2025» estará listo el borrador de la nueva Ley de Servicios Sociales. Un texto que, como le reprochó la diputada del PP Beatriz Polledo, «llevan en sus programas electorales en los últimos diez años». Fue ella la que preguntó a Marta del Arco por un texto legal «que se adapte a la realidad social de la región» y que «recoja todos los cambios normativos» que se han sucedido desde 2003, fecha de la Ley de Servicios Sociales en vigor en Asturias. «Han pasado 21 años y esta actualización normativa está llegando tarde y mal. Están ustedes parcheando».
Para Beatriz Polledo, el tiempo transcurrido «deja claro que no es una prioridad para ustedes», algo que rechazó Marta del Arco, quien explicó que «la ley salió a consulta pública el pasado mes de diciembre y ahora un grupo de trabajo, dirigido por una catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, está elaborando un borrador que queremos que sea lo más participativo posible».
Antes de su debate en la Junta llegará la Proposición no de Ley que presentó la propia Beatriz Polledo. Relativa a la pobreza energética, la iniciativa del PP salió adelante con los votos a favor de PP, Vox y el Grupo Mixto, frente al rechazo de PSOE e IU-Convocatoria por Asturias que la calificaron de «demagógica».
«No sé cómo puede comparar a una consejería que garantiza los derechos de las personas con un coche escoba. Nosotros no somos ningún coche escoba del Gobierno». Marta del Arco mostró su indignación con las palabras de Sara Álvarez Rouco. La diputada de Vox acusó a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar de dirigir «el coche escoba del Gobierno regional» para «los más de 250.000 asturianos a los que sus políticas han ido dejando en riesgo de exclusión con sus políticas de destrucción de empleo o creación de empleo de pésima calidad».
Apuntaba Álvarez Rouco la alta tasa de pobreza en Asturias «del 25% de la población», cifra que no negó la consejera, pero resaltó que «el Principado es la primera comunidad del país en cobertura de personas que están en el umbral de la pobreza».
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