CHELO TUYA
GIJÓN.
Jueves, 2 de mayo 2019, 02:26
En Asturias, 5.926 personas con escasa autonomía personal están a la espera. Aguardan la visita de un profesional de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales que valore su grado de dependencia. Una valoración de la que dependerá su entrada en el Sistema para ... la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad) y, por ende, del acceso a un abanico de servicios y prestaciones que va desde teleasistencia, a la atención a domicilio, los centros de día, las plaza residencial o una paga para que un familiar le cuide en su propio hogar. También se incluye la figura del asistente personal, aunque solo un asturiano ha optado por ese modelo. La lista de espera asturiana es la más alta del país, tras la de Canarias, y supera en un 20% la media estatal.
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«Si el esfuerzo de atender a las personas dependientes sigue recayendo en un porcentaje tan elevado en las comunidades autónomas y en las propias personas con su copago es evidente que no nos damos cuenta del reto al que nos estamos enfrentado». Así lo aseguró la consejera de Servicios y Derechos Sociales. La socialista Pilar Varela reconoce la lista de espera para recibir a un valorador, sobre la que puso el foco el Observatorio de la Dependencia, pero lo achaca a un doble motivo: «La falta de financiación y el aumento de solicitudes que hemos recibido».
Respecto al primero de los obstáculos, Varela adelanta la certificación que acaba de enviarle al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). «En 2018, el coste que la atención de la dependencia tuvo para Asturias fue de 195.762.176,98 euros. De ellos, el Estado solo aportó 28.905.951. El resto corresponde al esfuerzo del Principado y de los beneficiarios con su copago».
Recuerda que, tras los recortes aplicados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, «además de suprimir la cotización en la Seguridad Social del cuidador familiar, se eliminó el nivel acordado y se recortó el mínimo», en referencia al aporte que el Estado hacía al gasto en dependencia. Según la ley, comunidades y Gobierno central deben aportar el 50% cada una del coste de la atención a personas dependientes. Hoy, el Estado no aporta ni 1,5 euros de cada 10 de gasto.
Una situación «que quedó en evidencia tras la evaluación que se hizo de la Ley de la Dependencia en 2018, aprovechando que cumplía diez años. La conclusión fue clara: «Hace falta financiación», señaló Varela, quien destacó que «Asturias, que participó en ese grupo de trabajo, reclamó financiar de acuerdo a la tasa de envejecimiento».
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Una reclamación que, apuntó, se reconocía ya «en los presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez para 2019 que fueron rechazados. En ellos recuperaba el nivel acordado y se elevaba el mínimo de acuerdo a esa condición del envejecimiento. Debido a la prórroga, solo se ha podido recuperar, mediante decreto, la cotización en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares».
Respecto al incremento en el número de solicitudes, Varela recuerda que «solo entre 2017 y 2018, en Asturias crecieron las peticiones un 5,19%, cuando la media del país fue del 3%». En toda la legislatura, el aumento de peticiones de valoración llegó al 20%. «Y nosotros hemos respondido con los mismos recursos».
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En ese sentido, expuso que debido a la limitación de contratación pública, así como a las prórrogas presupuestarias, «tenemos a 94 personas trabajando en el Sistema de la Dependencia de Asturias. A ellas se sumarán cinco más este año, gracias a los presupuestos». Tres de esos cinco irán al equipo de valoración, «formado desde 2014 por 37 profesionales». Sobre cada uno de ellos hay casi 150 peticiones de valoración pendientes. «Se está trabajando mucho y bien, pero no cabe ninguna duda de que hay que fortalecer el sistema», reconoció Pilar Varela. «Para ello, se necesita financiación», insistió.
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