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«Estos son los presupuestos para reforzar el escudo social. Para todas las personas, tengan la edad que tengan, vivan donde vivan, estén solas o acompañadas». Así definió las cuentas de que dispondrá para el año próximo la consejera de Derechos Sociales y Bienestar. ... Unas que, recordó Marta del Arco, ascienden a 598.395.356 millones y suman más de 400.000 euros a las del año en curso. Y unas que tienen claros protagonistas: las personas en situación de dependencia y las personas mayores. Ocho de cada diez euros irán destinados a ellas, ya que las dos principales partidas, dotadas con 287.385.349 y con 220.422.688 euros, se destinan a la promoción de la autonomía personal, la primera; y a la gestión de la red geriátrica pública, en manos de Establecimientos Residenciales para Ancianos. El ERA llega este año a la cifra récord de más de 220 millones, «cien millones más que hace diez años».
Así lo recordó Marta del Arco en una rueda de prensa que, resaltó, «se celebra en el día de la Constitución», una que el año pasado «tenía un reto, reformar el artículo 49, para erradicar el término de 'disminuido' y cambiarlo por 'persona con discapacidad', »reto que se ha logrado y así lo celebramos hoy«.
Respecto a sus propios retos, Del Arco tiene claro que la promoción de la independencia «es una demanda al alza», tanto que en los dos últimos meses «hemos recibido mil peticiones de ayuda». Eso significa que sobre la mesa de los encargados de tramitar y gestionar esas ayudas están ya más de 50.000 expedientes. Un aumento de la presión asistencial que conlleva incrementos «del 13,95%» en la partida general, que se traducen en un rosario de actuaciones: Habrá «650.000 euros, el doble que el año anterior, para aumentar las actividades de los centros de día y sociales»; aparece «más de un millón de euros para atender con ayuda a domicilio a personas sin dependencia, pero que vivan en la zona rural»; le siguen los «245.625 euros destinados al impulso de las oficinas de vida autónoma», una vez que Asturias «es la sexta comunidad, la cuarta del régimen general, con más personas atendidas por asistente personal». Sin olvidar, también, el aumento de plantilla. El departamento encargado de gestionar la Ley de la Dependencia contará con 11 nuevos especialistas en valoración y cinco auxiliares de gestión. «La plantilla pasará de 115 a 131 empleados públicos, un 14% más».
Respecto a la otra gran pata del presupuesto, la destinada a la red geriátrica, Marta del Arco anunció la contratación de «34 profesionales» con lo que la plantilla se consolida en más de 2.500 personas «y se refuerza con psicólogos, terapeutas, enfermeros y auxiliares, que pasarán de media jornada a jornada completa». Una plantilla que, según el comité de empresa, no es suficiente para poner en marcha el nuevo modelo de cuidados de larga duración, definido por la Estrategia CuidAs. A este respecto, la consejera dejó claro que «no vamos a emprender todo el nuevo modelo este año. Es un cambio que debe ser planificado, consensuado y debidamente organizado».
En esa línea, apuntó la apertura de nuevas unidades de convivencia a lo largo del año, así como el pronto inicio de las obras en la Residencia Mixta de Pumarín, el geriátrico público de mayor tamaño de Asturias, que conllevará un presupuesto de 8,7 millones, en pago plurianual y plazo de obras de 24 meses. Las obras de la Residencia Santa Teresa, en Oviedo, se elevan a 1.692.259 euros y la mesa de adjudicación se reunirá la semana que viene.
Que la mejora de los cuidados y el aumento de la autonomía personal es el objetivo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar también viene definido por el aumento de la colaboración con la Universidad de Oviedo. «Pasaremos de una financiación de 12.600 euros a 63.600 para el Máster de Protección Jurídica de Personas y Grupos Vulnerables, la Cátedra de Retos e Innovación Social y la creación de una nueva cátedra, esta para la Soledad no Deseada», anunció Marta del Arco.
Además de mayores y personas con dependencia, de la consejería también dependen las ayudas a colectivos vulnerables y la protección al a infancia. En el primer caso, se incrementarán «un 6% las cuantías que ya perciben 8.600 familias». En el segundo, tendrá protagonismo «la lucha contra la violencia sobre la infancia» y que los menores «vivan con sus familias». Políticas que tendrán «62 millones, once más que el año pasado».
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