Personal del Sespa anuncia «una oleada» de recursos contra el plan de estabilización

La raíz del problema está en que «el tribunal calificador –que es el mismo para estas tres categorías–, apoyado en su condición de soberado, ha interpretado las bases del baremo de la convocatoria de manera enormemente errónea». Con este argumento, el sindicato Sicepa-Usipa, que canaliza gran parte de las reclamaciones que se están produciendo, pretende «hacer un llamamiento a la sensatez, ahora que todavía hay tiempo para rectificar actitudes fuera de norma y muy lejos de forma, al menos, en algunos casos».

Un ejemplo: «Por cada mes completo de servicios prestados en el Sistema Nacional de Salud o en otras instituciones sanitarias públicas de la Unión Europea (y Suiza), como personal estatutario y en la misma categoría a la que se concursa, te dan 0,3 puntos. Pero resulta que el régimen jurídico estatutario, tal como está concebido en España, no existe fuera». Y esa circunstancia está jugando en contra de los profesionales que han desarrollado parte de su carrera en el extranjero.

«El tiempo trabajado en hospitales públicos de la Unión Europea está reconocido a todos los efectos como el estatal por sendas sentencias derivadas del Derecho de la Unión Europea y del Tribunal Supremo en otras convocatorias de oposiciones», afirman desde Sicepa-Usipa. Sin embargo, el tribunal que califica a enfermeras, matronas y fisios «ha optado inamoviblemente por castigar a las personas que decidieron emigrar en su día, buscando oportunidades de desarrollar su profesión que aquí no tenían», reprocha la organización sindical, que tiene un gran peso en el ámbito sanitario.

En esta situación se están viendo enfermeras que prestaron sus servicios en Portugal, Inglaterra o Italia, y que «ahora podrían perder su plaza en el concurso de estabilización» al no computarles la experiencia y los méritos cosechados fuera de España. Pero no sólo se denuncian «errores de interpretación» en la baremación de los años desempeñados en centros sanitarios de la Unión Europea. También se están dando casos polémicos dentro de las fronteras del país. «Nos llegan», expone Sicepa-Usipa, «profesionales a los que no se les están reconociendo años de trabajo en otros sistemas públicos de salud del país porque el tribunal de calificación no acepta el certificado que presentan».

En otras categorías ha ocurrido algo similar con la baremación de cursos formativos, lo que también ha puesto en guerra a los sanitarios afectados: «Vamos a llevarlo a los juzgados», avisan. «Auguramos mucha problemática de índole jurídica», abunda la dirección de Sicepa-Usipa. Por no hablar, apostilla el sindicato, de «las situaciones tan complicadas que se pueden generar». Se refiere, concretamente, a «¿qué va a pasar si la justicia da la razón a los profesionales que pleitean? Aun mereciendo esas plazas, el Sespa se las ha adjudicado a otras personas...».

El Gobierno del Principado tiene previsto culminar la estabilización de empleo público antes de que termine este año. Un proceso que está siendo especialmente intenso en el sistema sanitario, donde se ofertan un total de 4.793 plazas en propiedad, de todas las categorías y especialidades. Según el calendario que baraja el Servicio de Salud, la fecha tope para publicar las adjudicaciones y nombramientos en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) es el 16 de diciembre.

Se acomete este macroproceso de estabilización –99 concursos en el caso del Sespa– después de que la Unión Europea apercibiese al Gobierno español por el uso abusivo de los contratos interinos en sus administraciones públicas, sobre todo, en sanidad y educación. A la prueba convocada este verano para enfermeras y médicos de Familia se presentaron más de 18.600 candidatos.