Los perros de asistencia podrán acceder a los transportes y espacios públicos asturianos

La Junta General del Principado ha aprobado hoy por unanimidad el proyecto de ley reguladora del derecho de acceso al entorno de las personas usuarias de perros de asistencia, que permitirá a estos animales acceder a transportes y espacios públicos.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha sido la encargada de defender el dictamen de la ley, destacando que es «imprescindible» para las personas con discapacidad que necesitan de la ayuda de los perros de asistencia para su día a día.

La norma entrará en vigor en seis meses, según ha anunciado. La portavoz del Gobierno regional ha celebrado que la Junta acuerde por unanimidad «apostar por la accesibilidad universal en todos los ámbitos» a fin de conseguir una «plena autonomía personal». Todos los grupos han mostrado su apoyo a esta ley, incidiendo en la necesidad de la misma.

Con esta iniciativa, Asturias regula la figura de los perros de asistencia, tal y como ya se ha hecho en otras comunidades como Andalucía, Madrid o Extremadura. El texto contempla la figura de las unidades de vinculación, entendidas como la unidad funcional que forman la persona usuaria y su perro de asistencia.

También recoge una clasificación de los diversos tipos de perros de asistencia, como perros guía para personas con discapacidad visual o auditiva, de servicio --entrenados para ofrecer apoyo en actividades de la vida diaria a una persona con discapacidad-- o de alerta medica para personas con autismo.

La aprobación de la ley garantizará el acceso a las personas con discapacidad y sus perros de asistencia a diversos espacios de uso público, ya sean de titularidad pública o privada. Entre ellos se encuentran los transportes; los lugares de esparcimiento al aire libre, incluidos parques, jardines y playas en cualquier periodo del año; y los centros y dependencias oficiales, así como los judiciales y de participación política y electoral.

El acceso también será libre a los establecimientos de venta de alimentos y de restauración, los alojamientos turísticos y las instalaciones deportivas, incluidas las piscinas hasta el margen de la zona de agua. Además, se les permitirá la entrada a los centros de enseñanza, sanitarios, asistenciales y de servicios sociales, junto con las residencias, hogares y clubes para la atención de personas, y aquellos espacios dedicados al culto religioso.