Cuando la pensión sobrevive al pensionista

Los casos de Luisín, cuyo cadáver apareció en Somiedo, y de Tina, encontrada momificada en su casa, ponen el foco en los protocolos contra el cobro fraudulento de prestaciones sociales

Chelo Tuya

Gijón

Lunes, 24 de marzo 2025, 06:44

En enero de 2015 se encontró un cadáver en Somiedo. Con grandes malformaciones, pero sin posibilidades de identificación. Diez años después, tal y como adelantó EL COMERCIO, la Guardia Civil puso nombre aquel cuerpo: era Luis J. C., gijonés nacido con una severa discapacidad intelectual, que pasó los últimos años de vida sin capacidad para ver o hablar, siendo alimentado por sonda y sin salir de la cama. Durante esa década sus hermanos, Enrique y Enriqueta J. C., que le tiraron en un bosque de Somiedo la fallecer, siguieron simulando que Luisín, del que tenían la tutela tras fallecer sus padres, seguía vivo. Y siguieron cobrando los 3.000 euros mensuales de su pensión.

En pleno 8M de este año, la Policía Nacional descubría en una vivienda de Oviedo el cadáver momificado de una mujer. Tina, que vivía al cuidado de su hijo, parece haber fallecido hace varios años. Durante todo ese tiempo, además de llenar la casa de perros, gatos y basura, su hijo siguió cobrando la pensión de su madre muerta.

Dos casos en Asturias a los que se suman, este mismo año, otros como el de la mujer de 60 años que vivió, como mínimo, con el cadáver de su madre muerta, en Valencia. Situaciones anómalas que ponen el foco en los protocolos de la Administración para garantizar que las prestaciones públicas, ya sean pensiones, ya rentas básicas como el ingreso mínimo (costeado por el Gobierno central) o salario social (a cargo del Principado) son percibidas por sus auténticos titulares.

Dicho de otra manera, estos casos cuestionan las fórmulas que tiene la Administración para comprobar que el titular de la pensión o la prestación social está vivo o su familia ha ocultado su muerte para seguir cobrando.

«Son casos excepcionales», aseguran desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El departamento encargado de todas las nóminas no laborales, aporta datos para demostrarlo: «En 2024 el importe de las retrocesiones, es decir, la devolución íntegra del importe de la transferencia realizada por error, no alcanza ni el 0,01 % de la nómina de las pensiones en vigor a lo largo del ejercicio». Sobre una nómina de 13 millones, la cantidad devuelta por fraude se queda en 1.300 euros.

Una cifra esa de 1.300 euros que superará, con creces, la devolución a la que la Justicia obliga a los hermanos de Luisín, a los que mantiene en la cárcel asturiana. Estuvieron percibiendo 3.000 euros mensuales que no les correspondían durante diez años. El hijo de Tina, que está en libertad con cargos, sigue pendiente de que se fije la fecha de fallecimiento de su madre, que puede retrotraerse hasta antes de la pandemia: cinco años.

¿Cómo se detectan estos casos 'excepcionales'? El INSS explica que «desde la Seguridad Social, se han desplegado varios mecanismos de control al respecto». Así, el instituto, «que tiene encomendada la función del reconocimiento de prestaciones, así como la de su control y mantenimiento», intercambia «diariamente» información «con el Ministerio de Justicia para la comunicación de los fallecimientos y, en consecuencia, realizar las bajas del sistema».

Un procedimiento automatizado. «Cuando hay un fallecimiento se produce una baja automática de la pensión en la base de datos sin que intervenga ningún usuario». Este intercambio electrónico diario con el Ministerio de Justicia «se complementa, a su vez, con los procedimientos de control de defunciones a nivel provincial, a través de acuerdos locales con cementerios, tanatorios, funerarias y registros civiles». Y hay un radar más: «Se mantiene como mecanismo de control adicional de defunciones la recepción de ficheros de defunciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sumado a todo lo anterior, «el INSS tiene un acuerdo con las entidades bancarias, por el que tienen que certificar periódicamente que las personas beneficiarias de una pensión que sean clientes se encuentran con vida, de modo que al menos una vez al año comuniquen la pervivencia de los titulares de pensiones y demás prestaciones periódicas».

¿Y si la muerte no se declara?

Idéntico protocolo tiene el Principado para las nóminas de salario social. «Mensualmente, el INE nos envía el fichero de personas fallecidas, que cruzamos con los datos de ayudas a la dependencia, salario social y pensión no contributiva para extinguir las prestaciones correspondientes», explican desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Para los españoles en el extranjero, la fe de vida se acredita de manera telemática, con la aplicación Vivess lanzada el año pasado por el INSS. Como en España, la comunicación es directa «con organismos extranjeros, a través de las entidades financieras, las corporaciones locales, servicios funerarios, comunicación de familiares o de terceras personas, o los consulados».

Un mecanismo que funciona siempre y cuando se comunique la muerte. «Evidentemente, no podemos llegar a saber si alguien falleció en su casa, si no consta un certificado de defunción», dicen desde Bienestar. Es decir, el control depende de la voluntariedad de las familias. Si hacen como las de Luisín o Tina, la pensión sobrevivirá al pensionista.