Cerró 2022 aprobando el presupuesto más alto de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Prevé repetir este año. Lo que no hará Melania Álvarez (Carreño, 1979), que resta a diario los días que le quedan como consejera, es escudarse en la bandera del año ... electoral para ocultar datos incómodos. Como que vivir de una ayuda pública no puede desincentivar el empleo.
-Estamos ante «los Presupuestos Generales del Estado más sociales de la historia». ¿Nos toca algo de esa lluvia de millones?
-Claro, sí. Se garantiza toda la financiación de la dependencia. Mantiene los 600 millones del plan de choque, mantiene el aporte del nivel mínimo y del nivel acordado y vamos a más.
-¿En números?
-El nivel mínimo se paga por persona. El nivel acordado pasamos de 13 a 20,4 millones. Transformar el modelo es complejo, largo y costoso. Y en lo de costoso el Estado debe participar.
-Con los incrementos de 2022 y 2023, ¿Asturias recupera el dinero que le adeuda el Estado?
-No, pero hay que reconocer que este Gobierno de España ha mantenido su compromiso.
-El presupuesto estatal ¿tiene más para Asturias?
-Claro, la anualidad del Plan Estatal de la Vivienda, el Bono Joven de Alquiler, ayudas al alquiler accesible. En nuestro ámbito, el presupuesto estatal da respuesta a nuestras demandas.
-¿Tiene sus cuentas para 2023?
-La dependencia rondará el 60% del presupuesto de la consejería.
-¿Y con el 40% restante?
-Pues todas las políticas de inclusión, atención a la infancia, discapacidad, mayores...
-¿Y da para todo?
-Sí, el presupuesto que hacemos es ajustado a las necesidades que tenemos.
-Si el del Estado viene ya con la etiqueta de 'más social de la historia', el suyo ¿cómo será?
-Estamos en ello.
-En 2022, con 486,6 millones, ya fue histórico. ¿Este irá a más?
-Este año vamos a ir a lo que sea necesario (risas).
-No me contesta. ¿O es que tras llegar a una cifra tan alta es difícil mantenerla después?
-La previsión es que algo se incremente.
-Ya dice que el 60% de la cuantía será para la dependencia. Ahora mismo, más de 31.000 asturianos tienen derecho a una ayuda. ¿Qué previsión tiene de aumento de la demanda?
-El aumento de la demanda es una auténtica pasada. De media se ha incrementado en 200 solicitudes. Si de abril a septiembre de 2021, la media era de 649, este año hemos llegado a 832.
-¿El envejecimiento lleva a pedir más ayudas?
-Yo no lo entiendo como una ayuda, si no como un derecho. Hay muchas personas que no la han solicitado.
-¿Por qué creen que habrá mucho retraso?
-Pero ya no lo hay. Hemos bajado la lista de espera, elevado a más de 800 euros la ayuda para asistente personal...
-Y con el parón de la pandemia. ¿Cómo lo ha logrado?
-Poniendo orden y concierto. Reestructurando los servicios. No se podía avanzar si se hacía una valoración al día.
-¿Una valoración por día?
-Sí, pero eso se acabó. Estamos en la transformación del modelo de cuidados de larga duración. Residencias, centros de día, ayuda a domicilio. Hoy suman más empleos ya que la construcción.
-¿Con el sector privado se han limado asperezas? Muchos decían 'el Principado nos roba clientes'.
-El Principado, si algo ha hecho esta legislatura, no solo ha sido entenderse con el sector de los cuidados de larga duración, sino atender demandas que tenían desde hace muchos años.
-¿Por ejemplo?
-Elevando la prestación vinculada al servicio un 50%. En enero eran 2.700 usuarios, ahora ya estamos en 3.900, de los que se han beneficiado las residencias y los centros de día. Y habrá más en los presupuestos de 2023.
-¿Cuánto?
-Es que estamos en ello.
-Venga, un adelanto.
-Este mismo año ya verán que las prórrogas de las plazas concertadas se pagarán a precio de grado III. El compromiso que tenemos para 2023 es incrementar en 4 millones el precio de las plazas concertadas. La pandemia de la covid fue terrible y dolorosa, con todas las muertes que sabemos, pero ha servido para abrir una ventana de colaboración público-privada.
-Precisamente, el vicepresidente madrileño dice que no hacen falta comisiones de investigación por la covid, porque las familias ya han superado el dolor.
-(Respira) En Madrid no hay comisiones de nada y todos sabemos lo que pasó. En Asturias, donde no se dejó a ninguna persona abandonada a su suerte, esta consejera compareció no en una comisión, sino en dos.
Ascensor social
-La ayuda a domicilio es uno de los sectores con los que usted preveía fijar población en zonas rurales y reinsertar en el mundo laboral a beneficiarios del salario social. ¿Cómo va?
-Bueno, tenemos seis convenios de incorporación sociolaboral. Uno, precisamente, es con dos empresas vinculadas a la ayuda a domicilio y están en marcha. Vinculados a fondos europeos pilotaremos en la zona rural algunas experiencias. Que sean los servicios los que vayan a casa.
-¿Cómo?
-Pues servicios como lavandería o alimentación se desplacen a tu casa y no al revés.
-¿Dónde?
-Estamos en ello. Lo sacaremos a licitación y se podrán presentar entidades. Estamos en un periodo de transición.
-Hablando de transición, ¿ya han transitado beneficiarios del salario social (la paga regional) al ingreso mínimo vital (la estatal)? ¿Ya no discute con Escrivá?
-(Risas) Ya somos amigos. Ambas rentas ya conviven en Asturias con normalidad.
-¿Cuántos beneficiarios han pasado del salario al ingreso?
-Ahora mismo hay 5.000 asturianos percibiendo solo el ingreso mínimo vital. Otros 5.000 solo el salario social. Hay otros 9.000 que perciben ambos.
-¿Esos 9.000 pueden combinar ambas rentas?
-Sí. Se trata de importes pequeños. El salario social complementa el ingreso mínimo vital, porque nuestro importe es superior al de la renta estatal.
-Hablamos, entonces, de que hay 19.000 hogares que viven de las ayudas públicas.
-Sí.
-¿Prevé un aumento de la demanda?
-En 2018 alcanzamos el máximo histórico de beneficiarios, 22.485, y de inversión, 124,5 millones al año. En 2022, la cifra de beneficiarios se redujo un 36%, hasta quedar en 14.390. El gasto medio mensual de nómina son 6,4 millones. Son 4 millones menos cada mes. Un 40% de reducción.
-Entonces, ¿espera más reducción tras la consolidación del ingreso mínimo vital?
-Los años 2021 y 2022 han sido de transición de una prestación a otra. La previsión es que en 2023 se reduzca la demanda del salario y crezca la del ingreso.
-Algunas empresas dicen que no encuentran personal por culpa del salario social.
-Punto número uno, creo que todo el mundo prefiere tener un empleo a depender de una ayuda. Y ese fue nuestro objetivo: buscar cómo facilitar el empleo de estas personas. Y para ello pusimos en marcha en 2021 los convenios con Industria y el Servicio de Empleo (Sepepa). El primero fue el del grupo Tragsa. Y ya firmamos hasta seis.
-¿Y?
-También aprobamos la Ley de Garantías de Derechos y Prestaciones Vitales que lo dice con claridad: se consolida el doble derecho a tener una prestación económica y a tener medidas de incorporación laboral. Y esa segunda pata supone una doble obligación: a la Administración a facilitar que estas personas encuentren trabajo y a esas personas a participar en él.
-¿Esa segunda pata se cumple?
-Los datos de seguimiento de estos convenios nos dicen que, mientras hay personas que tienen ya un contrato, por ejemplo doce en Tragsa, hay otras que ni cogen el teléfono.
-Doce dijeron sí a un contrato. ¿Cuántos han dicho no?
-El Sepepa convocó a 370 personas. De ellas, aceptaron participar 162. Un 43,78%.
-¿Más de la mitad se negaron?
-No, rehusaron un 29,46%. El otro 26,76 resultó ilocalizable. Hubo una repesca, a través de los servicios sociales municipales, y se incorporó un 17%.
-¿Tan mala era la oferta para que uno de cada tres se negara?
-Ahora estamos analizando lo sucedido. Muchos de los rechazos llegaron por falta de carné de conducir, de vehículo, de dinero para financiar un transporte público o problemas de conciliación. Algunos se negaron por estar pendientes de un contrato.
-¿Y qué van a hacer?
-Vamos a trabajar para que esos problemas no sean un obstáculo para acceder al empleo. Ya lo hicimos acabando con el atasco del salario social. Ahora ya no hay la disculpa de 'no acepto un contrato temporal porque luego tardo un año en recuperar el salario social'. Ahora es automático. El que solicita de nuevo el salario social, en un mes lo tiene.
-¿Habrá ayudas para el carné? ¿Para conciliar?
-Sí, los presupuestos de 2023 deben responder a la aplicación de la Ley de Garantías. Vamos a reforzar los servicios sociales municipales, entendemos que esto requiere una atención específica. A los servicios sociales municipales hay que reconocerles lo hecho hasta ahora, que ha sido mucho, con mucha presión. Esto requiere una contratación específica. Me dice que si vamos a financiar un carné de conducir, pues sí, si hace falta, lo haremos.
-Estos resultados, con la mitad que se niega o no contesta, ¿dan la razón a quien dice que hay personas que prefieren vivir de una ayuda pública a trabajar?
-No. Con los importes del salario social no creo que alguien que puede trabajar diga que no. Nosotros no vamos a pretender que una persona mayor y enferma vaya a trabajar. El salario social tiene que ayudar a tener una vida digna y, también, a ser un apoyo para salir del sistema.
-¿Es posible que haya personas que pierdan la ayuda por no aceptar un empleo?
-Sí. Y eso lo quiero decir con claridad. Hay personas que están exentas, pero aquellas personas que pueden acceder al mercado laboral y que no quieran tendrá que saber que eso tiene unas consecuencias. Sobre todo porque se puede compatibilizar ingresos de trabajo con salario social.
-¿Ya han suspendido alguna nómina por este motivo?
-Ya hay varias en trámite. Y suspender, ya se suspendió alguna.
-Puede parecer que el Principado presiona para aceptar trabajos precarios.
-Error. No creo que un contrato con Tragsa sea precario. Ni el programa de formación en la Fundación Laboral de la Construcción. Para quienes creemos en el ascensor social no podemos permitirnos no hacer nada para que esas personas salgan de vivir de una prestación. Ni pensar que hay niños y niñas en esta región, y los hay, que conocen y aspiran a vivir del salario social. Me parte en dos. No puedo con eso.
-No parece un mensaje de año electoral.
-Digo lo que siento. Mirar hacia otro lado es devaluar lo público y yo no voy a contribuir a eso.
Mujer de partido
-Ofrece la mayor convocatoria de ayudas al alquiler y las críticas es que no pagan. Tiene el mayor parque público de viviendas, y hay humedades y deficiencias.
-(Respira) Por partes. Ya quisieran el resto de comunidades tener la política de vivienda que tiene Asturias. ¿Hay dificultades? Por supuesto. Pero, por primera vez todo el que cumpla los requisitos para recibir una ayuda al alquiler, la tendrá. Si la cuenta está embargada... No es por mi culpa. En cuanto a las viviendas de Vipasa, que pasen a ver cómo han quedado las obras. De cine.
-¿Y las listas de espera para valorar la discapacidad?
-No me escondo. Siguen muy altas. En Avilés hemos logrado bajarlas doce meses. En Gijón y Avilés nos ayudará el Sespa: serán las valoraciones las harán en Cabueñes y el HUCA.
-¿Con la lista de espera y la falta de médicos que tiene su compañero, el consejero de Salud?
-Coordinación sociosanitaria.
-Dicen que cuenta los días que le quedan en el cargo.
-Hoy (el viernes) 233 (se ríe).
-¿En el 234, dónde se ve?
-Esto es obra y servicio. El 28 de mayo tenemos el examen final. Después, es la organización la que pone y dispone. Y yo soy mujer de partido.
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