Otero se lleva la peor condena, pero avisa: «Recurriré, siempre he pensado en hacerlo»

Tiene 73 años, se ha pasado media vida mandando y conserva intacto ese carácter. Se pudo comprobar antes del juicio, cuando por medio de su abogada enhebró el último intento de jugar su mejor carta: llegar a un acuerdo con las acusaciones, pagar lo que correspondiera y minimizar a cambio la condena de prisión. Tenía medio convencida a la Fiscalía, pero la oposición del Principado impidió el pacto.

Se observó también durante el juicio, cuando los testigos fueron dando pinceladas de una persona, la ex directora general de Educación, habitualmente en segundo plano, detrás de su jefe, sin decir una palabra en público. En realidad, ella era en aquella consejería 'dios', aseguraron los trabajadores de Almacenes Pumarín S. A. (APSA). «Si me hubiera pedido que saltara a la pata coja, habría flipado, pero lo habría hecho», explicó uno de ellos.

Dio muestras de ese carácter también hace unos meses, cuando se reencontró en los pasillos de la Audiencia con su consejero, José Luis Iglesias Riopedre, y le pidió explicaciones por una serie de expedientes que, recriminó, «tú me hiciste firmar». La última nota que la define la ofreció ayer, a primera hora de la mañana. Se cuidó de llegar al juzgado de guardia para firmar a primera hora, antes de que trascendiera el fallo. «No voy a hacer declaraciones», excusó ante EL COMERCIO. ¿Pero recurrirá? No le hizo falta conocer el veredicto para dar su respuesta: «Sí, recurriré, siempre he pensado en hacerlo».

La ex directora general plantará cara a una sentencia que la sitúa como la principal culpable del caso. Nueve años y medio de prisión por ser la cooperadora necesaria de los delitos continuados de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y cohecho. Multa de 2,5 millones, tal y como reclamaba la fiscal. Indemnización al Principado por determinar. Inhabilitación para el empleo público durante diez años. De paso, los magistrados declaran nula la venta que hizo de uno de sus pisos en favor de APSA, una operación con la que creen probado que trató de maquillar los sobornos que venía percibiendo de la empresa.

Otero, austera por fuera pero de gustos caros, lo tenía difícil. La Policía había llegado a entrevistar a un joyero que aseguraba que antes de que le llegara esta clienta VIP, recibía la llamada de uno de sus empresarios afines solicitando que le cargaran a él los collares, brazaletes o anillos que se llevara. En sus cuentas se localizaron ingresos de APSA desde 1999. Los pinchazos telefónicos la sorprendieron dando instrucciones a Víctor Manuel Muñiz sobre cómo debía presentar las ofertas para que pareciera que había tres empresas distintas pugnando por un encargo de Educación.

Pese a los indicios, Otero negó la mayor. Se declaró inocente, trató de convencer a los magistrados de que el dinero que recibía de las empresas era legal, que alquilaba apartamentos a los empleados de Igrafo y APSA, que en su momento llegó a prestarles dinero y por eso ahora se lo devolvían. Que en el fondo no mandaba tanto en esa consejería.

Cuestión de carácter, la estrategia no parece haberle valido para minimizar los daños. El fallo solo rebaja en dos años la pena que proponía la fiscal. Sin embargo, como anticipa, Otero está lejos de haber dicho su última palabra. Por las buenas, con un acuerdo de por medio, estaba dispuesta a presionar a sus familiares y exsocios para que entregaran parte de todos esos bienes que ayudó a incorporar a su holding llanisco. Por las malas, con una condena dura, la Fiscalía, el Principado y las acusaciones tendrán que sudar mucho para alcanzar los bienes que están a nombre de otros.