Vega culpa a la Secretaría Municipal de las irregularidades en las facturas

Los exalcaldes de Ponga durante el mandato de Foro, Cándido Vega y Mercedes Traviesa, el exconcejal Víctor Ibáñez y la entonces secretaria interventora deberán devolver 41.123,81 euros en concepto de dietas y facturas cobradas de forma irregular. Así lo dictamina el Tribunal de Cuentas en una sentencia del pasado día 2, en la que considera probado que entre octubre de 2011 y 2015 se emitieron 21 transferencias a favor de los exregidores por gastos de kilometraje, comidas y compras sin la pertinente justificación, «bien por no haberse acreditado el destino de los fondos o por no resultar acreditado el fin público». Entre los cobros percibidos figuran gastos de comida duplicados, una factura por un televisor de 32 pulgadas, compras de chocolate, colonias, marcos de fotos, viajes, cenas y mariscadas o adquisiciones realizadas en Burgos «sin que conste actividad municipal en esa ciudad», recoge la sentencia.

El capítulo más abultado de dietas corresponde al kilometraje de los exregidores, con facturas que van desde los 292,80 euros hasta los 4.383,22. La justicia detecta además un baile de fechas y ubicaciones, pues existen transferencias en días que no prestaron servicio municipal. Se dan también casos discordantes entre el lugar donde se factura la comida y el kilometraje pasado. Por ejemplo, un almuerzo de cincuenta euros en Cangas de Onís en un día en el que, según el informe de distancias facturadas, Traviesa no estuvo allí. También un gasto en un restaurante de Ponga cuando el kilometraje apuntaba a un desplazamiento a Oviedo.

En el caso de Cándido Vega, el órgano fiscalizador recuerda que es «improcedente» abonar los gastos de transporte desde la residencia al Ayuntamiento, en San Juan de Beleño.

Por su parte, la defensa de los exregidores alegó que estos entregaron toda la documentación requerida y que los gastos de kilometraje correspondían a visitas a proveedores. Explicaron en este sentido que los entonces alcaldes eran los encargados «de transportar diariamente el combustible desde una gasolinera de Cangas de Onís, cubriendo una distancia de sesenta kilómetros, para las necesidades de la maquinaria y los vehículos municipales», que transportaban en garrafas hasta el concejo pongueto. Para el órgano fiscalizador no están acreditados ni ese kilometraje ni el destino final del combustible.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas dictamina que los condenados deben reintegrar las cuantías percibidas de sus propios bolsillos. Así, Cándido Vega deberá devolver a las arcas municipales de Ponga 25.489,50 euros; Mercedes Traviesa 15.634,31 euros y Víctor Ibáñez 655,60 euros. No obstante, de las cuantías fijadas para los exregidores también debe responder solidariamente la que fue secretaria interventora del Consistorio entre octubre de 2011 y noviembre de 2013. Son 12.414,55 euros en el caso de Vega y 3.908,10 en el de Traviesa.

Este diario trató de ponerse en contacto ayer con la exregidora, sin éxito. Por su parte, Cándido Vega sí quiso defender que no ve justa la sentencia y anunció que estudiará junto a sus abogados recurrir la condena. «Veo cosas que son totalmente injustas. En el kilometraje, nadie me puede obligar a llevar mi coche para servicio de un Ayuntamiento», sostuvo. También afirmó que «el Tribunal de Cuentas dice que no nos hemos llevado una sola peseta, es por un defecto de forma de algunas facturas», por lo que atribuyó la responsabilidad al área de la Secretaría Municipal. En el fallo, el Tribunal de Cuentas señala como «responsables contables directos y solidarios» tanto a la funcionaria como a los exalcaldes y al exconcejal tesorero.

Las irregularidades del anterior mandato fueron denunciadas por el actual equipo de gobierno pongueto de socialistas y populares, demanda a la que se adhirió la Fiscalía. El Ayuntamiento reclamaba la devolución de 61.958,23 euros por los perjuicios causados en el erario público, pero en varias de las facturas -las previas al 26 de octubre de 2011- ha prescrito la responsabilidad contable.

El caso ahora dictaminado en contra de los exalcaldes por el Tribunal de Cuentas también ha sido denunciado por el Ayuntamiento de Ponga por la vía penal. Actualmente, la instrucción se encuentra en el juzgado de Cangas de Onís, recuerdan desde el Consistorio pongueto. A esa causa se suman otra decena más, que van desde la supuesta contratación irregular de trabajadores a las obras en el cementerio de San Ignacio de Los Beyos.

«No mentíamos, lo dice un juez», destacó ayer la alcaldesa, Marta Alonso (PSOE), quien invitó a Vega a «explicar a la gente qué ha hecho con el dinero del Ayuntamiento». E indicó que «si quieren volver al poder es para retirar esos procesos judiciales». En relación a los más de 41.000 euros que deben devolver, Alonso celebró que supondrá una ayuda para las arcas municipales, «de donde nunca deberían haber salido». «Va a beneficiar a los vecinos del concejo porque podremos hacer obras», recordó.

Cándido Vega ya está inhabilitado desde 2013 para ejercer cargo público, tras ser condenado por varios delitos, entre ellos el de prevaricación. La alcaldía recayó entonces en Mercedes Traviesa.