La Mancomunidad del Oriente se disolverá antes del verano, tras nueve años de espera

Corría junio de 2012 cuando la Mancomunidad de concejos del Oriente emprendía la senda de la disolución. En febrero de 2013 los alcaldes de los doce concejos orientales que la integran -todos excepto Colunga y Ponga- aprobaban por unanimidad el expediente para poner fin a ese ente supramunicipal, pero no será hasta nueve años después cuando la desaparición se materialice. En las próximas semanas está previsto que los ayuntamientos se reúnan para «hacer los trabajos de liquidación», explica el alcalde parragués, Emilio García Longo, presidente de la Mancomunidad desde 2015. En él ha recaído la responsabilidad de conducir al ente hacia su fin y el camino no ha estado exento de «problemas» y «experiencias muy poco agradables simplemente por ejecutar sentencias y órdenes judiciales», señala.

En esta recta final, el escollo a salvar ha sido el del edificio del matadero, principal activo de la Mancomunidad. El inmueble se encontraba en un «limbo» que complicó los avances, ya que al revisar la documentación se encontraron con que «en el catastro no existía». «Hubo que dar todo de alta, inscribirlo en el registro de la propiedad como un bien de la Mancomunidad», indica García Longo, quien insiste en que «durante este tiempo se hizo un trabajo que es poco visible pero que fue intenso en el sentido de poner al día y en orden todo lo que estaba desordenado desde los inicios de la Mancomunidad para, ahora sí, proceder ya a la tramitación de la disolución».

Ese último paso formal se producirá en una sesión presencial prevista para las próximas semanas, retrasada en estos últimos meses por la situación sanitaria. Durante ese encuentro, los concejos abordarán además el destino del inmueble del macelo, pues una Mancomunidad que se disuelve no puede tener propiedades. Sobre la mesa está por ello la venta, bien a una entidad privada o incluso pública si algún consistorio diese un paso al frente.

El matadero, sin servicio desde 2017, ha sido el gran quebradero de cabeza del ente supramunicipal en este tiempo, con desalojo de por medio incluido. Tras un primer intento fallido de sacar de la instalación a la empresa gestora en abril de 2015, el 9 de noviembre de 2017 la Mancomunidad procedía finalmente a dar cumplimiento a un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo en el que se le autorizaba a expulsar a la empresa Mafrimargo-5 S.L. Para ello fue necesaria la presencia de agentes de Guardia Civil y Policía Local de Cangas de Onís. Los trabajadores del matadero, no vinculados a la empresa que lo gestionaba, acabaron en el paro.

La compañía llegó a presentar una denuncia contra García Longo, al que acusaban de prevaricación administrativa. La causa fue archivada en junio de 2018 por la titular del juzgado de Cangas de Onís. «Delante del juez terminé yo solo», recuerda García Longo sobre las «experiencias muy poco edificantes» que ha afrontado como presidente. No obstante, insiste en que no quiere «hacer sangre de esto». «Vamos a disolver lo mejor posible. El mandato de pleno es disolver y en esa dirección vamos», dice.

A pesar de que la decisión fue adoptada por unanimidad, en estos años llegaron a existir propuestas de continuidad, como la lanzada por Peñamellera Baja en septiembre de 2017. Emilio García Longo rechaza tal idea y descarta a la fórmula de la Mancomunidad por suponer en la práctica «crear otra administración». No obstante, recuerda que «en un mundo y una economía cada vez más global» es indispensable para los ayuntamientos buscar «puntos de encuentro y sinergias». «Soy un firme defensor de los acuerdos y de las colaboraciones», sostiene. Las que se lleguen a producir serán ya al margen de un ente supramunicipal que escribe su final tras 35 años de andadura.