Llanes impulsa la «recuperación» del monasterio de San Antolín de Bedón

Estos trabajos cuentan con un presupuesto de licitación de 5.000 euros y un plazo de ejecución de un año. Aquellas empresas y expertos interesados disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde hoy, para poder presentar sus ofertas. Un aspecto importante que indica el Consistorio en los pliegos de este contrato menor de servicios es que, a la hora de adjudicar estas tareas, por encima del precio, se va a tener en cuenta «la memoria que se presente de actuaciones que se proponga encaminadas a aclarar la situación jurídica del monasterio, su propiedad y, en su caso, su recuperación por la Administración que proceda». Y es que el gobierno local tiene claro que el templo es de titularidad pública, como ha reiterado en numerosas ocasiones la edil de Cultura, Marisa Elviro, quien considera al Estado como propietario de este BIC.

Entre los trabajos que va a contratar el Ayuntamiento llanisco en los próximos días está redactar «un dossier de apoyo a los trámites municipales» dirigidos «a la recuperación del monasterio». Para ello deberán incluir «un estudio experto y sistemático», así como «avanzar en la toma bajo control del conjunto patrimonial por parte de la Administración Pública». También tendrán que aportar «las herramientas para un primer paso de desenlace legal de clarificación de la titularidad de la iglesia», ya que el Consistorio no descarta acudir a la justicia si el Estado no atiende el informe que tienen previsto presentarle y que prevé demostrar de forma inequívoca que San Antolín es un bien público.

En este sentido la adjudicataria de los trabajos deberá prestar «asistencia jurídica» a las concejalías y servicios de Patrimonio y Cultura «en todas las iniciativas que emprendan en defensa del BIC y su carácter público». También para «la averiguación de la Administración Pública titular y responsable del monumento, tanto por la vía administrativa como judicial».

La empresa que obtenga el contrato mantendrá durante el año de vigencia del mismo un mínimo de 8 reuniones y un máximo de 15 con los servicios municipales para avanzar y coordinar los trabajos.

Con este exhaustivo informe a nivel patrimonial jurídico y arqueológico que prepara el Consistorio, el gobierno municipal quiere contrarrestar de forma «clara y contundente» el elaborado por Patrimonio del Estado en el que sostenía que el templo no es un bien público, ni tampoco vacante, sino que atribuía su propiedad a los titulares de la finca en la que se encuentra asentado.